Especialistas en seguridad pública consideran que la indagación y el análisis elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en torno a lo ocurrido en la discoteca New´s Divine, es un hecho histórico y una oportunidad para “refundar” a las instituciones policiacas.

La refundación de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) deberá cumplir con varias condiciones, entre las que destaca la urgente necesidad de que el gobierno local le dé vida a instancias civiles que sean contrapeso y supervisen a los cuerpos policíacos, señala Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).

En este marco, la socióloga y también especialista en seguridad pública, Elena Azaola, piensa que lo sucedido —incluyendo la remoción de Joel Ortega y el anuncio de una transformación a fondo de la SSPDF y la PGJDF— indican que en materia de política de combate al crimen y aplicación de la justicia “hemos tocado fondo”.

Ven avance y retroceso

Azaola reconoce que pese a los avances en la gestión de Joel Ortega al frente de la corporación, los retrocesos y la evidencia de que los policías no saben que deben servirle a la ciudadanía, revelan el grado de complejidad del problema en el que “habría que empezar a revisar las condiciones de vida y trabajo de estos elementos”.

Ambos investigadores coinciden en que el primer paso es restablecer el estado de derecho que ha sido vulnerado por décadas de una cultura de la ilegalidad y el abuso que han caracterizado la labor de policías preventivos y judiciales.

Finalmente, Elena Azaola también advierte, que la creación de la Unidades de Protección Ciudadana (UPC) que tanto difundió el ex jefe de la SSP-DF como uno de sus logros en la transformación de la policía en la capital, fue limitada porque al final se trataba de la misma gente, con las mismas limitaciones y la misma visión hacia la ciudadanía.