La eventual salida de Joel Ortega de la Secretaría de Seguridad Pública del DF pudiera generar un efecto justiciero en la opinión pública frente al desastroso operativo en la disco New’s Divine de la colonia Nueva Atzacoalco, pero tendría un daño colateral en la seguridad pública del Estado mexicano, pues hasta ahora ha sido un enlace vital con la autoridad federal para evitar que el narcotráfico y el crimen organizado en general tengan en la ciudad de México campo abierto a sus actividades.

Con una excelente relación personal con Genaro García Luna, titular federal del ramo, Ortega no ha jugado en su dependencia a la polarización política ni al autismo revanchista, sino ha servido de catalizador entre niveles de gobierno para hacer que la lucha contra el narcotráfico se haya extendido al Distrito Federal, que es una preciada joya de los grandes cárteles.

Ha reemplazado al jefe de Gobierno del DF en actos federales y no ha dejado de asistir a las reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que congrega a los responsables de todo el país en la materia.

El acoso permanente al aeropuerto capitalino, el desmantelamiento de la infraestructura criminal del barrio de Tepito, con la destrucción de La Fortaleza, vecindad dedicada al narcomenudeo y los constantes operativos antipiratería y de autopartes, son entre muchos otros, ejemplos de políticas de diseño federal, que requieren cooperación de cuerpos policiacos locales de los lugares donde se realizan, y que en la capital han funcionado bien con operativos conjuntos.

El divorcio político entre la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno del DF no ha sido pretexto para que el corazón administrativo de la nación sea tierra de nadie a merced del crimen organizado. El secretario de Seguridad Pública capitalino es pieza clave en ese entendimiento, que el propio Marcelo Ebrard ha avalado en tanto que es su jefe operativo. El ominoso indicador de las ejecuciones de servidores públicos, en especial agentes judiciales –entre ellos el comandante Esteban Robles Espinoza- y policías capitalinos demuestra que los cárteles tienen muchas quejas de funcionarios que no se han vendido a sus pretensiones. El fallido atentado con bomba, en las inmediaciones del edificio principal de la SSP capitalina, en la Zona Rosa, confirma que la guerra está abierta y que las acciones de la policía van en el mismo sentido de las federales.

A diferencia de la remoción del propio Ebrard como jefe de la policía en diciembre de 2004, un mes después del linchamiento de agentes federales en Tláhuac, cuya salida no lesionaba ningún plan institucional, la de Ortega se alza como posiblemente grave, si es que en el relevo no pesa la circunstancia de la continuidad de la lucha en un bastión de natural atractivo para la delincuencia.