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Existieron “errores graves” en el operativo que la policía capitalina y la delegación Gustavo A. Madero realizaron el viernes pasado en la discoteca New’s Divine, reconoció el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

Ante la muerte de nueve jóvenes y tres policías, se investigará a funcionarios implicados: a las autoridades de la demarcación por sospechas de actos de corrupción, así como a los mandos policiacos, para determinar su responsabilidad por acción u omisión.

Guillermo Zayas, director regional de la zona norte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del DF, quien estaba al frente del operativo, fue cesado junto con un mando de la Policía Judicial, pues encabezaban esta acción del programa Unipol, que supuestamente apuesta a labores de inteligencia y trabajo coordinado entre ambas corporaciones.

Aunque autoridades del gobierno indicaron que se indagará a toda la estructura de mando, como Alfredo Carrillo a cargo de Unipol en Gustavo A. Madero, y no se descarta que también el titular de la SSP-DF, Joel Ortega Cuevas, comparezca en torno a lo ocurrido.

Ebrard cuestionó a la delegación Gustavo A. Madero y ordenó sancionar a quienes “hayan autorizado u omitido el cumplimiento de la ley para la operación de un lugar que evidentemente no debía estar funcionando para fines de eventos de menores de edad”, por lo que la Contraloría General indagará las condiciones en las que operaba la discoteca.

Ayer, el jefe delegacional, Francisco Chíguil, aseguró que operaba con todos los permisos, a pesar de que el viernes fueron evidentes las fallas en materia de protección civil y sin considerar que vecinos acusaron que se permitía el ingreso de menores como Éricka Rocha, de 13 años, y Alejandro Piedras, de 14, quienes murieron aplastados en la turba.

En esta red de responsabilidades, en torno al operativo que dejó 12 lesionados —de ellos, 11 menores—, tres de ellos graves, Ebrard dejó en claro que se debe castigar a los organizadores y conductores del evento.

El procurador capitalino, Rodolfo Félix Cárdenas, dijo que continúan las diligencias, entre las que están 108 declaraciones de víctimas y testigos, para que hoy se defina la situación jurídica del dueño del lugar, Alfredo Maya Ortiz, y sus empleados Víctor Rodrigo Delgado Hernández, Mariana de la Cruz Gayosso y Juan Andrés Santos, como probables responsables de los hechos. Dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tendrán acceso a las investigaciones a fin de transparentar el resultado.