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En el Comité Central de Obras del gobierno capitalino se integró un grupo especial de distintas dependencias que analizarán la situación jurídica de cada una de las empresas de Carlos Ahumada, a fin de sacarlas definitivamente del padrón de proveedores de la administración local.

Ese grupo interinstitucional quedó integrado la semana pasada y su conformación se dio a raíz de que EL UNIVERSAL publicó que la mayoría de las empresas de Carlos Ahumada se encuentran de nuevo en el padrón de proveedores del gobierno de la ciudad, con la posibilidad de participar en licitaciones.

El pasado miércoles 30 de abril, en una sesión de ese comité, quedó establecido que la Contraloría General del DF, la Secretaría de Obras y la Oficialía Mayor integrarán ese grupo que se dedicará a recabar expedientes sobre las empresas de Carlos Ahumada.

Este diario dio a conocer que al menos 20 empresas del que fuera dueño de Grupo Quart fueron reintegradas en enero pasado al registro de personas físicas y morales de la administración local, pues la inhabilitación que se les había impuesto ya concluyó, con todo y que en su momento estuvieron sujetas a procesos penales por daños al erario público que alcanzaron los mil millones de pesos.

Entre las empresas reincorporadas al registro de concursantes está el propio Grupo Quart, una firma que en su momento fue ubicada como la columna vertebral del emporio que controlaba Carlos Ahumada, y cuyas oficinas fueron el escenario de los videoescándalos que cimbraron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Además están cuatro de las seis compañías involucradas en un presunto fraude por 31.2 millones de pesos contra la delegación Gustavo A. Madero cometido en enero de 2004. Esas compañías son el Centro Decorativo Nicte-Há, D’Regil Creaciones, Promotora y Constructora El Naranjo, y Arquitectura y Construcción Pachoacán.

Con la integración de la mesa interinstitucional, las autoridades pedirán a las distintas dependencias locales y a las 16 delegaciones que den cuenta de los juicios, procesos de sanción o limitaciones que se impusieron a esas compañías.

Al crearse ese grupo, trascendió que entre los funcionarios delegacionales y del gobierno capitalino que integran el Comité Central de Obras surgieron divergencias sobre las facultades que eventualmente tendrían para expulsar a las empresas de Ahumada del padrón de proveedores.

A pesar de que hubo oposición a crear ese grupo interinstitucional, finalmente se decidió a integrar el mismo y establecer los argumentos jurídicos suficientes que permitan imponerle una sanción definitiva a las 20 empresas que integran Grupo Quart.