Una red de supuestos gestores que operaban en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC) del DF, realizaron 400 pagos falsos en un solo mes, para lo cual utilizaban papeletas y sellos apócrifos de una institución bancaria.

Pedían pagos menores en los trámites que se realizan en esa dependencia. Algunos ascendían a 354 pesos y ellos pedían 120.

Las autoridades judiciales comenzaron a hacer las detenciones la semana pasada, luego de que el departamento jurídico del RPPC solicitó su intervención, pues desde diciembre pasado habían identificado algunas irregularidades.

Según la averiguación FACI/50/T3/409/09-03 presentada ante la agencia 50 del Ministerio Público, los servidores públicos encontraron dichos trámites fraudulentos, luego de identificar formatos y sellos falsos del banco Banorte.

Creado para precisar el estado jurídico de propiedades y la posesión de bienes inmuebles en la ciudad de México, así como la constitución y modificación de asociaciones civiles y sociedades mercantiles, el Registro a partir de diciembre de 2007 comenzó a aumentar sus datos con material apócrifo, de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Procuraduría capitalina.

El sistema era tentador, José Guadalupe Ruiz Suárez, alias El Perro, era una de las cabezas principales del grupo de coyotes, colocaba a sus cómplices en varias filas, principalmente en la ventanilla 22, donde ofrecía a las personas llevar a cabo su trámite con un costo a mitad de precio o menos.

Los solicitantes no desconfiaban porque veían que los trámites al final llevaban un sello en tono azul de Banorte y datos de alguna notaría en los formatos universales que se pagaban con la clave 93.

Sin embargo, el distintivo legal de Banorte es rojo, además de que los datos eran impresos con una tipografía distinta a la de la institución bancaria; los espacios entre las vocales eran diferentes, y en lugar de “local” decía “Legal”, así, con mayúscula, cuando el original está en letras minúsculas.

A finales de marzo pasado, el director general del Registro Público, Ernesto Prieto, funcionario que encabezó el Registro Civil cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno, fue informado y se comenzó a deslindar responsabilidades. Este diario buscó en varias ocasiones a Prieto, pero nunca fue posible obtener su versión de estos hechos.

Por su parte, la consejera jurídica del gobierno del DF, Leticia Bonifaz Alfonzo, aseguró que la investigación está abierta. “Vamos a esperar”.

El 31 de marzo pasado, el subdirector de ventanilla del Registro Público de la Propiedad, Alfredo García Rosas, recibió el reporte de las anomalías, y pidió recopilar los documentos apócrifos y ubicar a los sospechosos con las cámaras de video.

Ese día, José Guadalupe Ruiz fue interceptado por judiciales que lo rastreaban desde mediados de marzo.

También se detectó que las papeletas consignaban datos de la Notaría 144 del DF, cuyo titular, Alfredo Gabriel Miranda, se deslindó de los hechos, ya que su comisionista se llama Raúl Hernández. Los datos de la Notaría 94 también fueron utilizados, pero igualmente eran incorrectos.

Se detectó que al menos desde diciembre de 2007, Ruiz Suárez era el principal operador. Llegaba todos los días y horas hábiles del RPPC, por lo que el 8 de abril pasado fue interceptado por agentes judiciales. Lo mismo ocurrió con Graciela Lira Ríos, Guadalupe Bernal Reyes y Edith Peña Vázquez, quienes tras ser interrogadas, fueron trasladadas al penal de Santa Martha Acatitla. También fueron remitidos al Reclusorio Oriente José Guadalupe Ruiz, Armando Rey Salas, David Osmairo alias El Negro y Jerónimo J. Rios.