A partir de abril las mujeres que son víctimas de violencia recibirán becas educativas, apoyo económico para pagar una renta, una pensión de desempleo, servicio de transportación gratis en los organismos de la administración local para ellas y sus hijos, así como acceso a servicio médico y a actividades culturales y recreativas sin costo.

Después de que sean captadas por las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (Uapvif) y canalizadas al albergue del gobierno capitalino o a los dos refugios privados que hay en el DF, las mujeres podrán iniciar con sus hijos una vida independiente.

Pilar Sánchez Rivero, directora del albergue para mujeres que viven violencia familiar en el DF, destacó que cuando las víctimas vuelvan con sus agresores o cuenten con una nueva pareja les será suspendido el beneficio económico.

Al participar en el Seminario permanente de violencia familiar en el DF, realizado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dijo que con la entrada en vigor de la Ley de Acceso a Una Vida Libre de Violencia será posible obviar trámites para aceptar en el albergue a mujeres en riesgo extremo.

Para aceptar a una mujer en el albergue, explicó, se tenía que realizar una larga tramitología desde las Uapvif o los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM) o a través de la Procucraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Con la nueva ley, añade Sánchez Rivero, si a la media noche alguien habla para reportar el caso de una señora sangrada o golpeada, ésta puede ser aceptada de inmediato.

“La recuperación a través de la ley te da muchos márgenes como para actuar y no circunscribirte a la rigidez y a la tiranía que implica un reglamento” ya que antes existían muchos prejuicios “de que si hago mal, de que si no reúne el perifil, sino me vaya pasar algo, que no sea una adicta, drogadicta, una alcohólica, pero bueno, se puede ver o se le valora...hay que darles cobijo”.

Sánchez Rivero explicó que en la actualidad sólo hay 14 mujeres y 23 niños en el albergue, pero a lo largo del año se planea dar cobijo a 350 víctimas de violencia.

Sin embargo reconoció que no todas están dispuesta a permanecer tres o cinco meses en el lugar: “es muy difícil que se comprometan con el proyecto de vida y quieran asilarse tres ó 5 meses; de diez lo logran tres o cuatro”.