Detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y lesiones son algunos de los agravios que ayer denunciaron trabajadoras sexuales de la zona de La Merced. Su condición de personas que rentan su cuerpo es una situación que les ha acarreado discriminación entre algunos agentes ministeriales, que no aplican la ley como deben, revelaron.

Angélica Flores López, representante de un grupo de estas trabajadoras, se apostó junto con sus compañeras frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), y con pancartas y gritos pidieron que cesen los abusos.

Víctor Morales Noble, director de Quejas y Seguimiento de la comisión, hizo saber un caso emblemático en el que no se garantizó el debido proceso a una sexoservidora de esa populosa zona del Centro Histórico.

Se trata de Mercedes Aburto García, quien denunció a un militar de robo. Sin embargo, al llegar ante la agencia 44 del Ministerio Público, la situación le fue cambiada y de víctima pasó a acusada. El sábado pasado fue ingresada al Centro femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, acusada de robo.

El organismo tuvo conocimiento del hecho, pero como el militar es un funcionario federal, entonces el caso fue turnado a la CNDH.

No obstante, la CDHDF ha apoyado a Aburto García para que sus hijos reciban los cuidados necesarios y ella tenga una adecuada defensa.

Pero también la comisión ha tenido conocimiento de que policías han realizado detenciones no justificadas de estas mujeres.

Víctor Morales Noble dijo que la situación de las trabajadoras sexuales ante las autoridades ministeriales es desventajosa. Consideró necesario cuestionar al agente ministerial sobre las bases que tuvo para remitir a Mercedes Aburto a prisión, cuando ella era la parte acusadora.

Las sexoservidoras que ayer protestaron dijeron que buscarán ser escuchadas por integrantes de la ALDF y de la misma Cámara de Diputados.

Morales Noble dijo que espera tener un acercamiento con la SSP-DF y la Procuraduría de Justicia.