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El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer por unanimidad la Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal, la cual impulsa la ortotanasia que reconoce el derecho de los enfermos terminales y desahuciados a decidir si quieren ser sometidos a tratamientos médicos para mantenerse con vida.

Con la aprobación de esta iniciativa quedó atrás la posibilidad de aplicar la eutanasia en la ciudad de México, que consiste en provocar la muerte o suspender la ayuda médica a un enfermo en etapa terminal.

Hugo Valdemar, vocero del Arzobispado de México, dijo que la Iglesia católica no tiene ningún problema con la ortotanasia, pero lo único que le preocupa es que sea el primer paso para sacar adelante la eutanasia, lo cual sería inadmisible. “Estamos de acuerdo con este procedimiento”, dijo.

Sin embargo, criticó a los diputados que argumentaron que el Papa Juan Pablo II decidió utilizar la ortotanasia para no sufrir durante su agonía. “Esa es una estupidez, es un tema muy delicado. El Papa estuvo siempre consciente hasta que le llegó la muerte”, enfatizó.

La ley señala que será obligación de la Secretaría de Salud del DF garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del personal de salud no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.

Para el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Emilio Álvarez Icaza, esta nueva ley es positiva porque reconoce la capacidad que tienen las personas para decidir sobre su muerte. Comentó que no basta con la aplicación de una norma, ya que tiene que haber capacitación y una política pública. De lo contrario, advirtió, esta ley será letra muerta.

Documento

Esta ley promueve, por primera vez, el Documento de Voluntad Anticipada, donde una persona puede manifestar su petición, consciente y seria de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos que propicien el ensañamiento terapéutico, que en vez de salvar su vida, alargará su sufrimiento.

Este oficio deberá ser avalado por un notario público, un juez cívico o dos testigos, los cuales no podrán ser familiares hasta en cuarto grado y que no sean menores de edad.

Establece que cuando un desahuciado se encuentre impedido para manifestar por sí mismo su voluntad, su cónyuge o concubina, sus hijos mayores de edad o adoptados, sus padres, sus nietos o sus hermanos podrán suscribir el Documento de Voluntad Anticipada.

El legislador Tomás Pliego anexó, durante la discusión en lo particular, la participación de un juez cívico, sobre todo para personas de escasos recursos.

Al respecto, Javier Pérez Almaraz, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, aseguró que en el notariado existe la plena disposición para apoyar la elaboración del Documento de Voluntad Anticipada. Incluso se comprometió a buscar diversas alternativas para que no represente un gasto oneroso para quienes lo suscriban.

La ley también crea la Coordinación Especializada en Materia de Voluntad Anticipada, que estará adscrita a la Secretaría de Salud, cuyas funciones serán recibir, archivar y resguardar los documentos, los cuales hará de conocimiento del Ministerio Público, que supervisará y coadyuvará con el control y registro de donantes y receptores de órganos y tejidos con el apoyo del Centro Nacional de Transplantes y los centros estatales de transplantes.

En los artículos transitorios establece que el jefe de Gobierno del DF tendrá 90 días para hacer las adecuaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Salud local para proveer en la esfera administrativa, así también suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del DF y el gobierno federal en materia de donación de órganos.