El gobierno del Distrito Federal (GDF) es acusado de violar una suspensión provisional otorgada a los propietarios del inmueble ubicado en Palma número 2, expropiado para reubicar ambulantes, al momento de realizar trabajos de rehabilitación en el interior del edificio.

Sin embargo, Leticia Bonifaz, consejera jurídica del GDF, rechazó que se trate de una violación, ya que para cuando se notificó la suspensión —2 de octubre—-, el inmueble ya había sido entregado —29 de septiembre— a la organización de Alejandra Barrios.

Afirmó que, por tanto, el hecho reclamado ya estaba consumado; sin embargo, dijo que el juicio continuará, por lo que en caso de que el gobierno capitalino pierda, tendrá que restituirlo al propietario o pagar una indemnización.

Norma Camarillo, representante legal de los hermanos Miranda Alfeiran, quienes se ostentan como dueños, explicó que se promovió un juicio de amparo contra el decreto expropiatorio publicado el 5 de septiembre y el juez sexto en materia administrativa del DF concedió una suspensión provisional, donde se determinó que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

La abogada dijo que acudieron el 4 de octubre con el notario número 10 para constatar la situación de la obra y se vio que había trabajadores de la Secretaría de Obras laborando.

EL UNIVERSAL realizó ayer un recorridor por las instalaciones y observó que trabajadores estaban laborando tanto en el interior como en el exterior.

De acuerdo con Camarillo, lo anterior constituye una violación de la suspensión provisional, por lo que el martes presentaron una incidencia, donde señalan como responsables del acto al jefe del Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, y a los secretarios de Obras y Servicios, Jorge Arganis. y Desarrollo Urbano y Vivienda, Arturo Aispuro, entre otros.

María Elena Gómez, una de las demandantes, indicó que en ese predio contaban con la solicitud del INAH para realizar obras.