Al mencionar que esta situación debe revertirse, citó como ejemplos de lo que ocasiona la discriminación el que en el Distrito Federal las mujeres perciben un salario menor entre 7% y 35% con respecto al de los hombres, no obstante que realicen las mismas actividades.

Y "lamentablemente" esos códigos discriminatorios se reproducen con mucha fuerza en los centros escolares.

Dio a conocer que de acuerdo con un estudio que realizó la CDHDF, en conjunto con la Administración Federal Servicios Educativos en el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuatro de cada 10 estudiantes (40%) de secundaria consideran que las y los maestros reproducen conductas discriminatorias hacia ellas y ellos.

Al presentar el libro Educación, interculturalidad y derechos humanos. Los retos del siglo XXI, de Guadalupe Millán Dena y Enrique Nieto Sotelo, investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), la presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, Gloria Ramírez Hernández, agregó que son las adolescentes embarazadas las que sufren en mayor grado la exclusión en el ámbito educativo.

"Los maestros utilizan el espacio escolar para discriminar, y a los muchachos y a las muchachas, por determinados atributos, se les construye un código de identidad social", comentó el presidente de la CDHDF.

Álvarez Icaza Longoria pidió combatir estos actos de constante discriminación de unos hacia otros, y tener presente que esto no es un acto "normal".

Reconoció, ante estudiantes y académicos reunidos en el auditorio "C" de la UPN, la urgente necesidad de "construir una nueva masculinidad que no le tema a la mujer".

Álvarez Icaza manifestó la importancia de revertir esa "normalidad" que sistemáticamente niega al otro, y avanzar en la construcción de una cultura basada en el respeto a los derechos humanos y en la normalidad democrática.

El ombudsman capitalino emplazó a las autoridades de gobierno a reconocer que existen diferencias estructurales que no permiten el ejercicio de los derechos de la misma manera para todas y todos, porque a partir de ese reconocimiento se podrán generar políticas públicas, instrumentos legislativos y acciones de gobierno que permitan revertir las desigualdades.