La Comisión concluyó que se violó el derecho a la seguridad jurídica por un caso de obstaculización u omisión de observar la ley aplicable.

Es decir, que las autoridades del gobierno capitalino, encabezadas por Alejandro Encinas se abstuvieron de ejercitar sus atribuciones para retirar los bloqueos, que se prolongaron 47 días, afectando a transeúntes, comerciantes y turistas.

Al analizar las quejas recibidas por 904 ciudadanos más mil 551 aportaciones realizadas por la Cámara de Comercio en Pequeño (Canacope), se determinó que se violó el derecho al libre tránsito y que se atacaron las vías generales de comunicación.

Desde el 31 de julio hasta el 15 de septiembre de este año, la CDHDF implementó inspecciones oculares para verificar en los campamentos si había servidores públicos; si se detectaba la utilización de recursos públicos y si había conflictividad.

Se realizaron 88 inspecciones, se tomaron 14 videos que contienen imágenes de los campamentos, así como un acervo fotográfico de 4 mil 162 fotografías, todo ello bajo fe pública de visitadores.

De dicha investigación se desprendió que en cuanto a los recursos se detectÓ que el GDF suministró a los manifestantes atención médica, seguridad pública y sanitaria, bienes y agua potable, además de servicios de limpieza por la delegación Cuauhtémoc y Servicios Urbanos.

Además se recibieron varias quejas por parte de servidores públicos, quienes denunciaron que fueron obligados a asistir a los campamentos.

En el rubro de conflicto social, la CDHDF advirtió tensión al alterarse el desarrollo cotidiano de los habitantes y transeúntes de la zona afectada; agresión de los manifestantes hacia personas que consumían alimentos de marcas transnacionales, así como discriminación de los transeúntes hacia los simpatizantes de la coalición Por el Bien de Todos al denostar su apariencia física e ideología.

Por todo lo expuesto la CDHDF solicitó al jefe de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, atienda los siguientes puntos: que se reinicien los canales de comunicación interinstitucional con la Asamblea Legislativa para que se avance en los proyectos de ley sobre la regulación de las manifestaciones en vías públicas.

Que el jefe de Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas, continúe y refuerce las acciones de mediación ante la Secretaría de Hacienda para dar viabilidad a los agremiados de la Cámara de Comercio para que se condone el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el pago del IVA para pequeños contribuyentes.

Asimismo, que Alejandro Encinas desarrolle estrategias para que los habitantes de la ciudad puedan estar mejor informados de las acciones gubernamentales, de las rutas alternas de vialidad y transporte público que se tengan que implementar.

Por último, que Encinas refuerce las acciones para rehabilitar la imagen pública de las zonas afectadas.

Al respecto, el jefe de Gobierno calificó la resolución como sui generis "ya que por un lado nos felicita por no usar la fuerza pública y por otro nos la demanda". Dijo que esta es la primera vez que una comisión de derechos humanos reclama el uso de la fuerza y anunció que hoy, cuando fije su postura, se iniciará un intenso debate.