En 2010, los integrantes del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), de la Asamblea Legislativa (ALDF), del Tribunal Superior de Justicia local (TSJDF), del Tribunal Electoral del DF (TEDF), de la Comisión de Derechos Humanos (CDHDF) y del Instituto de Acceso a la Información Pública (Info-DF), podrán mantener sus bonos, servicio médico privado, gastos de representación y altas remuneraciones.

Los diputados locales decidieron dejar abierta esa posibilidad, a pesar de que a las dependencias del gobierno local les impusieron medidas que evitan el despilfarro de los recursos públicos.

Durante la aprobación de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, el pleno de la ALDF avaló no incluir en las medidas de austeridad para 2010 a los órganos autónomos, entre los que también se cuentan el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF (JLCA), la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF y el Consejo de la Judicatura del TSJDF.

A los órganos autónomos se les aprobaron sus presupuestos tal y como lo pidieron desde noviembre.

Los diputados decidieron sólo incluir un artículo transitorio que los obliga a “elaborar y determinar lineamientos tendientes a optimizar sus presupuestos y el gasto eficiente”, que deberán presentar a las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF en el primer trimestre del 2010.

En cambio, los funcionarios del gobierno, de las delegaciones y órganos desconcentrados no podrán recibir remuneraciones mayores a las de ley, ni tendrán acceso a bonos o percepciones extraordinarias, gastos de representación ni a la contratación de seguros de gastos médicos privados.

La ley establece que el jefe de Gobierno, los secretarios, los jefes delegaciones y subsecretarios sólo tendrán un secretario particular, pero les prohíbe crear más plazas de secretario privados o equivalentes.

El diputado perredista Guillermo Orozco, miembro de la Comisión de Hacienda, dijo que durante el primer trimestre de 2010 la Asamblea revisará en un foro los mecanismos para que los órganos autónomos garanticen un gasto eficiente del presupuesto.

Comentó que esos órganos tienen su consejo, personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que tienen la facultad de definir sus lineamientos. Sin embargo, agregó, deben hacer eficientes sus gastos. “No queremos vulnerar su autonomía”, aclaró.

Detalló que él no considera que haya un manejo indebido de los recursos públicos, pero no ha habido el mismo criterio para tomar sus decisiones en cuanto a lineamientos presupuestales.

Alicia Téllez, del PRI, consideró necesaria una reforma a esta ley, a pesar de que apenas fue aprobada hace unos días. “Estas dependencias son autónomas y tienen la libertad de ejercer su presupuesto como lo consideren, pero creo que las medidas de austeridad deben ser iguales para todos, sobre todo ahora que estamos en una etapa de austeridad”.

Dijo que ante la crisis económica todos los servidores públicos, sean de gobierno local y autónomos, están obligados a racionalizar sus gastos, ya sea de uso de celulares, vales, seguros de vida, entre otros. “Deberían ser parejitas todas las medidas, independientemente de la calidad administrativa que tengan, sin importar que sean descentralizados, desconcentrados o autónomos”, insistió.

Consideró que en vez de impulsar acciones de austeridad en el gobierno local, los diputados se preocuparon más por crear un Instituto de Verificación Administrativa “que está muy mal hecho”, pues sus funciones dependerán de las opiniones de las delegaciones políticas y otras dependencias, no será un ente que castigue a los dueños de establecimientos mercantiles que incumplan la ley. “Hay que impulsar una reforma porque no se vale que sólo a algunos se les obligue a respetar esta norma y a otros no”.

Carlos Augusto Morales, del PRD, afirmó que incluir a los órganos autónomos en las medidas de racionalidad significaría “vulnerar su soberanía y su autodeterminación”, recalcó.

En ese sentido coincidieron los diputados perredistas Maximiliano Reyes, David Razú y Víctor Hugo Romo, ya que consideraron que sería un error legal o de extralimitación de la ALDF.