Asociaciones civiles acusaron a diversas autoridades del gobierno capitalino de impulsar acciones de “limpieza social” en contra de las poblaciones callejeras, lo cual fue rechazado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF).

Bajo los nombres de recuperación de espacios públicos, de ayuda social o protección social, la Red por los Derechos de la Infancia y El Caracol denunciaron la violación de derechos humanos en contra de indigentes y de personas que trabajan en la vía pública, desde la puesta en marcha del llamado Plan Giuliani.

Algunos de esos indigentes fueron llevados al llamado anexo Los elegidos de Dios, de donde se liberó a 105 víctimas de explotación sexual y comercial, lo cual es investigado por la Procuraduría General e Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Iasis se deslinda

El Instituto de Asistencia e Integración Social (Iasis) del gobierno capitalino se deslindó de los hechos ocurridos en días pasados en el Instituto de Rehabilitación de Alcohol y Drogadicción Hospital Santo Tomas, denominado Los elegidos de Dios, y rechazó que haya una “limpieza social” en las calles de la ciudad”.

Su director, César Cravioto, envió un escrito en el que condena el trato ilegal e inhumano que recibieron las personas rescatadas en ese lugar. “Todas las personas que viven o hacen su vida en las calles tienen derechos y debemos respetarlos. Estar en las calles no es un delito”.

Pese a lo anterior, vecinos de la colonia Viaducto Piedad, en la delegación Iztacalco, han denunciado que las autoridades trasladaron hace más de un año a 600 indigentes que vivían en el albergue de Plaza del Estudiante en el Centro Histórico hacia esta colonia. Tanto autoridades como habitantes han manifestado que en las calles Santa Anita y Coruña es común ver a indigentes y muchos de ellos se drogan, lo que pone en riesgo a los niños que asisten a escuelas aledañas.

“No se trata de desaparecerlos, pero las autoridades tienen la responsabilidad de rehabilitarlos y darles una mejor vida, y no sacarlos del albergue en el día. Además no hay capacidad suficiente para atenderlos”, dijo Miguel Ángel García, habitante del lugar.

Sobre este tema, el legislador panista Mauricio Tabe consideró que debe conocerse como precisión el funcionamiento y las medidas de rehabilitación que hay en los albergues y casas de rehabilitación, ya que se han convertido en “bodegas de indigentes”. Incluso, señaló que debería haberse instalado una Agencia de Protección Sanitaria que verifique los establecimientos que con el argumento de ayudar a la salud practican todo lo contrario.

Horacio Martínez, diputado del PRD, consideró que “el fondo de este problema es que no existe una política de Estado para atender las adicciones y hay un abandono que con el tiempo se ha convertido en un negocio redondo” para instituciones.

Como ex delegado en Iztapalapa reconoció que en esa demarcación hay muchas granjas, donde “se maltrata a la gente”.

Los dos legisladores coincidieron en la necesidad de impulsar una ley que regule el funcionamiento de estos espacios, ya que este vacío jurídico lo único que ocasiona son irregularidades.

El plan Giuliani

Fue 7 de agosto de 2003 cuando el ex fiscal de Nueva York, Rudolph Giuliani, presentó a la SSP-DF una serie de recomendaciones para el combate al delito, entre las cuales dos hacían referencia sobre acciones hacia la población callejera.

En el punto 124 se indica que hay 14 mil niños en situación de calle, por lo que recomienda hacer un esfuerzo de mayor escala para establecerlos en albergues por la alta vulnerabilidad que tienen a problemas de adicciones e ilícitos. En esa época, el secretario de Seguridad Pública era Marcelo Ebrard.

La Comisión de Derechos Humanos del DF emitió, en septiembre pasado, la recomendación 23/2009, dirigida a Manuel Mondragón y Kalb, titular de la SSP-DF y a los jefes delegacionales en Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, en los que se da cuenta de casos que muestran “una clara política gubernamental de limpieza social”.

Se indica que las patrullas P2010, 2308, 2311, 52064, y la camioneta tipo Pick Up, color blanco, con número económico NEO 067, placas 5688 BX, perteneciente a la jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo Social, han participado en el desalojo, agresión y levantamiento de personas que viven en la calle.

Los hechos narran que en distintas ocasiones servidores públicos de la capital agredieron a las víctimas, hablaban de “saneamiento” del lugar.

Aunque las autoridades de la ciudad han negado ese hecho, a través del oficio fechado el 28 de noviembre de 2007, DGPS/ DR/DS-VCA-1/UCA/4978/07, el director de Área Sectorial VCA-1, Jamaica, aclara que los operativos en la demarcación los realizaba la Venustiano Carranza con el apoyo de la Policía Delegacional de Prevención.

“Los operativos, en Reforma”

Consultado al respecto, Mondragón y Kalb dijo que en una reunión con el ombudsman capitalino dejaron en claro que la SSP-DF no ha participado en un hecho de ese tipo.

“Yo hablé el domingo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y quedamos en claro que la secretaría no tiene ningún operativo en ese sentido”.

Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia, refirió que aunque las autoridades lo nieguen, han hecho acciones de “limpieza social” en Paseo de la Reforma, al quitar a limpiaparabrisas y vendedores callejeros, así como en otras zonas del Centro Histórico, y la Alameda Central. El ex ombudsman de la ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, coincidió con Sauri en la falta de políticas públicas para atender a esta población.