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Una red de tratantes de personas que presuntamente contaba con el apoyo de policías preventivos, mantenía en condición de esclavos a por lo menos 107 personas en un local que supuestamente operaba como centro de rehabilitación de adictos, en Iztapalapa.

La Procuraduría capitalina detuvo ayer a 23 individuos vinculados con el delito de trata de personas, pero además investiga a patrulleros de la zona de la Central de Abasto que en días anteriores detuvieron a algunas de las víctimas con el objetivo de entregarlos al Instituto de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción Hospital Santo Tomás “Los elegidos de Dios”.

A las siete de la mañana de ayer, la Fiscalía Antisecuestros arribó al número 157 de la avenida Cuauhtémoc en la colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa, donde sorprendió al grupo de presuntos responsables, quienes custodiaban a los afectados.

El inmueble —del cual se iniciará un proceso de extinción de dominio— era una fortaleza para impedir la salida de los cautivos: con enmallados, ventanas con protecciones y puertas de rejas.

El supuesto centro de tratamiento cerraba con cadenas todos los accesos y tenía literas de fierro, similares a las de los reclusorios, para mantener allí a hombres y mujeres en condiciones de insalubridad y maltrato físico y sicológico.

Se trata en su gran mayoría de indígenas provenientes de Veracruz, estado de México, Oaxaca, Puebla, Michoacán, Chiapas y el Distrito Federal, que eran secuestrados en plena vía pública por el grupo delictivo.

Muchos ni siquiera hablan español y eran alimentados día a día con caldo de pollo y verduras en estado de descomposición, fue la narración de uno de las víctimas que fue liberada tras casi medio año de estar en el lugar.

Luis, un joven de la comunidad mixe de Oaxaca, fue quien descubrió la red de tratantes, quien narró que al laborar como cargador en la Central de Abasto, fue detenido por policías preventivos que lo subieron a una patrulla y llevaron al mencionado centro, según fuentes de la dependencia.

Hacían bolsas y pinzas

El joven dijo que vio a por lo menos 300 personas que junto con él laboraban en ese lugar desde las ocho de la mañana y hasta la medianoche, confeccionando bolsas de una prestigiada tienda departamental y pinzas para tendederos. No recibían ninguna paga, y algunos llevaban más de medio año en el sitio.

La mayoría no eran adictos, y sólo unos cuantos fueron internados por sus propios familiares. La dependencia aseguró que algunos eran explotados sexualmente, sobre todo las mujeres.

La dependencia detuvo al administrador del lugar, José Antonio Villar Ramos, así como a otros de sus presuntos cómplices. Las pesquisas continuarán en el estado de México, donde hay otro inmueble propiedad de la mencionada razón social, y donde se presume estarían las otras 200 personas que falta por liberar. Los detenidos alcanzarían una penalidad de 10 a 15 años, y se duplicará en los casos de menores de edad; serán arraigados para conocer más sobre su modo de operar.

Dicho instituto funcionaba desde hace más de 8 años.

En conferencia de prensa, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, explicó que los detenidos interceptaban a sus víctimas, principalmente cerca de la Central de Abasto, para luego trasladarlas al “centro de rehabilitación”, donde vivían en condiciones infrahumanas, insalubres y hacinadas. Varias ya fueron trasladadas a hospitales por evidentes grados de desnutrición, deshidratación, laceraciones, infecciones y fracturas, entre otros padecimientos. La mayoría de los retenidos eran en hombres de entre 14 y 70 años.

Dijo que se verificará si en la operación del lugar está implicado algún grupo religioso, pues varias rescatadas muestran un grado de adoctrinamiento.