ella.grajeda@eluniversal.com.mxAnte diputados de la Asamblea Legislativa, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, Tesorero del DF, admitió que es necesario revisar la tarifa del agua, ya que una persona paga ocho pesos por una botella de ese líquido, y con esa cantidad se pueden comprar alrededor de 5 mil litros.
“El precio de la tarifa del agua no puede seguir como hasta ahora”, reconoció, y recomendó a los legisladores hacer juntos un análisis de esta situación porque existen coincidencias. Incluso aceptó la posibilidad de un foro para discutir este tema.
En reunión de trabajo con integrantes de las comisiones unidas de Hacienda y de Gestión Integral del Agua en la ALDF, el funcionario rechazó hablar de un porcentaje de disminución del subsidio de acuerdo con un índice que tome en cuenta el nivel de las colonias y manzanas para que pague más el que cuenta con todos los servicios. “Tenemos que hacer una tarifa que corresponda con las necesidades de los que menos tienen”, resaltó.
Dijo que la recaudación en el servicio se incrementó 2% en el último trimestre de 2009, lo cual “no quiere decir que estamos en el mejor de los mundos”.
Insistió en la necesidad de revisar la política tarifaria del agua, pues es la más barata del país.
“Si se compara con Naucalpan, Huixquilucan o Naucalpan, esos municipios del estado de México cobran de dos a cuatro veces más que el Distrito Federal. Tenemos el agua más barata y uno de los sistemas más caros”.
Aceptó, ante legisladores locales de todos los partidos, que la actual política tarifaria promueve el despilfarro del agua. “No podemos tener una pesadilla más complicada”, indicó.
Manifestó que está convencido en que llegó el momento de tomar decisiones, ya que hay personas que viven en zonas con mayores recursos y servicios de calidad que tienen un subsidio de por lo menos 65% en la tarifa, mientras hay otros que no pagan su agua porque les llega el recibo muy barato y esperan a que se sume una mayor cantidad.
Propuso el tesorero del DF construir un mapa manzana por manzana, donde se tome en cuenta el valor catastral, el nivel de ingresos por familia y los servicios que reciben los habitantes para calcular un porcentaje de reducción en el subsidio.