La Procuraduría capitalina tiene bajo resguardo dos predios propiedad del dueño del Hospital Central de Oriente, debido a que en por lo menos uno de ellos se realizaban, presuntamente, abortos y se atendía a heridos de bala.

Ese inmueble se ubica en la calle 33, número 9, de la colonia Valentín Gómez Farías, y en otra época fue parte de la clínica que está a escasos metros.

Para el nosocomio, un edificio y un salón de fiestas se solicitará la extinción de dominio; la clínica pasará a manos de la Secretaría de Salud local para dar servicios de ginecobstetricia aunado a que se practicará la interrupción legal del embarazo.

Armando Ahued, secretario de salud local, dijo que cuando un juez determine la culpabilidad de los médicos que operaban en ese ese hospital y quienes están arraigados por la venta de infantes, tendrán que quitarles la cédula profesional.

Descartó que la SSP-DF realice operativos en los hospitales públicos y privados de la ciudad debido que la instancia correspondiente para revisar que todo esté en regla es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Interviene la CDHDF

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) abrió una queja de oficio para conocer si el lugar fue debidamente supervisado por las autoridades, sobre todo al tener antecedentes de robo de otra menor en 2005.

No obstante lo anterior, la primera y más reciente vez que el Hospital Central Oriente fue sometido a una verificación administrativa por parte de la delegación Venustiano Carranza, fue en noviembre del 2007, fecha en la que fue clausurado por diversas irregularidades.

Óscar Rogelio León Rodríguez, director general Jurídico y de Gobierno de la demarcación, informó que el establecimiento tiene una declaración de apertura fechada en 2000. Fue hasta siete años después que se le hizo una visita de verificación.

En entrevista, explicó que durante la revisión los representantes no mostraron su declaración de apertura ni contaban con croquis de rutas de evacuación, por lo que el lugar fue clausurado.

Agregó que el dueño Víctor Manuel Mancera González —acusado de tráfico de menores, uso de documentos falsos y delincuencia organizada— “subsanó” las irregularidades y pagó la multa, por lo que se levantaron los sellos de clausura.

Por su parte el presidente de la Red de los Derechos de la Infancia, Gerardo Sauri, dijo que esa asociación civil ha denunciado que en varias clínicas en las que se practica la interrupción de embarazos, se les manipula a las mujeres para permitir que los niños nazcan y luego darlos en adopción irregular.

Dijo que esos casos también deben ser investigados, así como aquellos en los que se apoderan de infantes, como fue el caso de Casitas del Sur.