La Consejería Jurídica del GDF destacó los resultados del programa Conduce sin Alcohol, a pesar de los capítulos trágicos que han marcado el desarrollo de ese esquema de seguridad, como la muerte de un policía a manos de un joven que trató de evadir el operativo de revisión.

El pasado viernes se dio a conocer que ese joven, José Luis Romo Trujado, fue sentenciado a 21 años de prisión por ese homicidio que cometió cuando manejaba en estado de ebriedad; así arrolló a un policía, para después estrellarse contra un monumento, en donde quedó el cuerpo del uniformado que intentó detenerlo.

Para la Consejería Jurídica el programa Conduce sin Alcohol es uno de los más importantes desde el punto de vista de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. “La eficacia del programa va en función de la aplicación, sin excepción, del arresto de 20 horas”, destacó la dependencia.

La Consejería Jurídica también dice que en un año la policía ha arrestado a 14 mil 734 personas que dieron positivo en la prueba, aunque reconoce que 2 mil 925 personas han obtenido amparos para no cumplir con las 20 horas de arresto inconmutable. El balance sobre el programa forma parte del informe que la Consejería entregará a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), previo a la comparecencia de la titular de esa área, Leticia Bonifaz, quien acudirá este martes al pleno del órgano legislativo.

Según el documento, el GDF ha girado en lo que va del año 297 órdenes de presentación contra personas que se habían amparado, para que acudan a terminar de cumplir su arresto, toda vez que el amparo solicitado les fue negado.

De entre aquellos que enfrentaron el arresto, 44 eran menores; en esos casos sólo fueron amonestados y se les dejó en libertad, mientras que 182 personas libraron el encierro en los juzgados cívicos al haber de por medio una prescripción médica. En el informe escrito que la consejera entregará a los diputados, destacan también las acciones de los juzgados cívicos móviles contra la reventa de boletos en espectáculos deportivos y artísticos.

A través de esos juzgados se ha logrado detener a mil 100 personas en un año, a quienes se les ha impuesto un arresto inconmutable o multas que han generado ingresos para el gobierno de la ciudad por 433 mil pesos. A pesar de esas acciones, el gobierno de la ciudad no puede más que imponer multas y arrestos a los revendedores, pues esa actividad no es considerada un delito y así, siguen operando grupos en sitios como el Estadio Azteca.