La delegación Benito Juárez aceptó de manera general la recomendación que le hizo la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) por la construcción de una torre de departamentos que invade terreno del parque Hundido.

Sin embargo, existe un punto de la recomendación que el gobierno delegacional, que encabeza Germán de la Garza, no acatará.

El director jurídico y de Gobierno local, Miguel Ángel Medellín, explicó que la PAOT pidió a la delegación hacer inspecciones para determinar el área total del parque que afectó la construcción de 24 departamentos de la inmobiliaria Class, pero no lo harán para evitar la duplicidad de acciones con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), quien ya investiga el caso.

El resto de las peticiones se cumplirán, entre ellas, el inicio de juicios por la supuesta falsedad de documentos que ocupó la empresa para obtener permisos de construcción, y la clausura de la obra, que se llevará a cabo con apoyo de la fuerza pública en esta semana.

No hay manifestación de impacto: SMA

Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) rechazó la recomendación de la PAOT, esta dependencia informó que la empresa no ha presentado el aviso de impacto ambiental que se le pidió para levantar la clausura impuesta el pasado 3 de agosto, por lo que continuará la suspensión de obra.

Como consecuencia de las irregularidades que acusan los vecinos de colonias aledañas al parque Hundido, el antiguo dueño del predio ubicado en la calle Millet 72, quien pidió omitir su nombre, dijo que “en honor a la verdad” es necesario aclarar las confusiones que se han generado en torno al inmueble.

Aseguró que la casa que estaba en el predio, nunca estuvo catalogada como patrimonio histórico o cultural. En 2007, justo antes de la venta del predio a la inmobiliaria Class, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) otorgó al dueño de la casa un documento en el que asegura que el inmueble no está protegido ni se encuentra en los catálogos de esa dependencia capitalina.

Resaltó que su familia no se adueñó del predio, como denunciaron los vecinos, y que cuenta con el decreto presidencial que establece el predio como propiedad privada.