Estos obstáculos han retrasado los planes del gobierno de convertir a la ciudad de México en un lugar en el que la gente deposite sus residuos en el camión ya divididos en orgánicos e inorgánicos, que ahí no se revuelvan, y que además lleguen a plantas de reciclaje y de composta para ser tratados.

Según la Secretaría de Medio Ambiente (SMA), sólo 25% de la ciudadanía divide sus desechos. El objetivo es lograr que en 2012 la totalidad de la población lo haga. Esta dependencia espera que en el primer trimestre de 2010 la Ley de Residuos Sólidos estará en su total cumplimiento; aunque para algunos, como el delegado en Miguel Hidalgo, Alfredo Vinalay, el proceso tardará tres años más.

Medio Ambiente reconoció en días recientes que las políticas públicas existentes en el Distrito Federal sobre separación de residuos sólidos carecen de planeación y estrategias para llevarse a cabo, por lo que la aplicación de la ley se retrasará una vez más.

Al menos, en lo que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) termina el Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos para ordenar las legislaciones y facilitar su aplicación, los retrasos en el cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos que entró en vigor en octubre de 2004 se debieron a que la legislación carecía de un reglamento, que finalmente llegó cuatro años más tarde.

Este documento está vigente desde enero, en él se obliga a las delegaciones a elaborar programas para el servicio de limpia en el que se detalle la manera en la que se realizará la recolección de residuos, divididos en orgánicos e inorgánicos. Dicho plan debe ser publicado en la Gaceta Oficial del DF.

Sólo seis delegaciones proyectan

Sólo seis demarcaciones, de las 16 que conforman la ciudad de México, han cumplido con esta disposición; para el resto el plazo vence el 15 de septiembre.

EL UNIVERSAL consultó las razones de por qué los gobiernos delegacionales no han elaborado sus programas, y el argumento recurrente de las autoridades fue la falta de infraestructura y recursos económicos para implementar la separación.

Además de la ambigüedad en las políticas públicas existentes, replican que no se precisa cómo ni quién aplicará las sanciones a las personas que no dividan los residuos, mismas que van desde amonestaciones verbales hasta de 10 a 150 salarios mínimos para los reincidentes o quien tire basura en lugares prohibidos. A pesar de ello, las 16 delegaciones aseguran que han avanzado.

Mientras que en Tláhuac 92% de los residuos se separan, en demarcaciones como Magdalena Contreras apenas llevan 7%. Estas diferencias entre las delegaciones, en el avance de la separación de residuos, se deben a “la voluntad política”.

El integrante de la Comisión para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Distrito Federal, Arnold Ricalde, aseveró que los retrasos en la aplicación de la ley se deben a que no todas las delegaciones priorizan el tema de los desechos. Y ahora, con el cambio de administración se corre el riesgo de no dar continuidad a los avances obtenidos.

“Desafortunadamente los tiempos no nos favorecen; falta ver las agendas que traerán los nuevos gobiernos”, señaló.

Con él coincidió la coordinadora del Programa de Separación de Residuos Sólidos de la delegación Xochimilco, Ivonne Flores, quien aseguró que se trata de “una inquietud en todo el Distrito Federal, pues si no se da continuidad, cuando quieran retomar tendrán que volver a empezar de cero”.

La falta de espacios

El DF carece de espacios para depositar las 12 mil 500 toneladas de basura que genera a diario, mismas que envía al relleno sanitario del Bordo Poniente, el cual opera bajo un amparo obtenido por gobierno capitalino ante la orden de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de cerrarlo por el riesgo ambiental que representa.

Aunque las autoridades se empeñan en decir que el tiradero está en perfectas condiciones, reconocen que está por llegar al tope de su capacidad, por lo que buscan alternativas para el depósito de los residuos.

La opción es la construcción de los Centros Integrales de Reciclaje y Energía (CIRE) que de acuerdo con el Programa de Acción Climática del Distrito Federal, estarían en operación en 2010; sin embargo, el gobierno sólo cuenta con los terrenos para uno en la delegación Tláhuac.

Martha Delgado ha dicho que se encuentran en negociaciones con el gobierno federal para la transferencia de recursos con los cuales se pueda construir el primer CIRE.

Sin embargo, estos sitios han sido criticados por asociaciones civiles como el Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos y sus Alternativas (CAATA), quien asegura que serían de mayor impacto ambiental debido a que contemplan la incineración de sus residuos, por lo que califican esta acción de ir en contra “de la vía de la sustentabilidad” de la ciudad.