Durante un año las autoridades capitalinas han incurrido en el desacato sistemático de una orden judicial, relacionada con el cobro en exceso de una multa vehicular. Desde julio de 2008 un juez le ha ordenado nueve veces al gobierno de la ciudad que le devuelva a un ciudadano la cifra de 398 pesos.

Por el incumplimiento en el pago del monto, el caso llegó ya ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde los ministros iniciarán un proceso para remover del cargo a la autoridad responsable del desacato, ya sea el jefe de Gobierno, el secretario de Finanzas o el Tesorero del Distrito Federal.

Arturo Cubero Piña presentó un amparo en enero de 2008, por una multa que le impuso una grúa de tránsito en la colonia del Valle. Este ciudadano reconoce que en aquella ocasión dejó estacionado su vehículo en un lugar prohibido, por lo que la grúa intentó llevarse su auto al corralón. Sin embargo, Cubero Piña llegó al lugar justo en el momento en el que la grúa enganchaba al vehículo, por lo cual no procedía ya el traslado del auto al depósito. No obstante, los operadores de la grúa cobraron la multa, por 131 pesos, más un arrastre por 398 pesos que nunca ocurrió.

Por ese hecho Arturo Cubero emprendió una batalla jurídica en contra de las autoridades capitalinas, que se han deslindado una y otra vez de su obligación de pagar, con oficios a través de los cuales aseguran que no es esa oficina la responsable de acatar la resolución emitida por el juez décimo quinto de distrito en materia administrativa del DF.

“Esa ha sido la respuesta constante de las autoridades, se han limitado a pasarse el compromiso de una a otra, de la jefatura de Gobierno a la Secretaría de Finanzas, de ahí a la Tesorería y luego de regreso, sin que ninguna haya asumido la responsabilidad del pago”, explica Arturo Cubero.

Abogado de profesión, este ciudadano dice que interpuso el amparo y le ha dado seguimiento al mismo, a pesar del tiempo y el desgaste que esto ha requerido, pues argumenta que tan sólo en la colonia del Valle son constantes los abusos que cometen los operadores de las grúas, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública local. “Lo hago por conciencia ciudadana, para que otras personas se enteren y no se dejen”, dice Cubero Piña.

Detalla que ante el desacato, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa inició un procedimiento de inejecución de sentencia del amparo al acusar que las autoridades locales han “creado la apariencia de que están cumpliendo con el fallo, pero han incurrido en contumacia, ya que por sí mismas no han efectuado acto alguno del que se advierta su intención de cumplir”, se lee.

Desestiman proceso

Sin embargo, Mario Delgado, secretario de Finanzas del GDF, desestimó este proceso que lo llevaría a él mismo a estar en el borde de una destitución, pues dijo que todo se resolverá pagando los 398 pesos cuando la SCJN se lo ordene. Agregó que al año son muchos los casos como éste, que sumados a otros juicios de índole laboral, por el pago de impuestos o por expropiaciones, representan 5 mil millones de pesos. “Todos los casos chiquitos los estamos resolviendo; el año pasado gastamos 500 millones de pesos en este tipo de juicios, pero todos los pequeños los resolvemos. Una vez que pagas se acaba”, dijo.