TOLUCA, Méx.— Los Reyes La Paz, Chimalhuacán y Chalco acumulan la mayor cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos por parte sobre todo de policías y maestros.

Destacan por su número, las quejas relacionadas con detenciones arbitrarias —por policías judiciales o municipales—, excesos en el empleo de la fuerza pública y malos tratos, menosprecios, discriminación, ataques o inadecuada atención a escolares de parte de mentores.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, tan sólo este año se han registrado 524 quejas en municipios del oriente de la entidad, de las cuales la mayor parte corresponden a la Procuraduría General de Justicia porque en lugar de brindar justicia, la dilata, retarda o simplemente ignora a las víctimas o familiares de ellas.

Alejandro Barreto Estévez, visitador general del oriente de la entidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), explicó que en lo que va del presente año se han radicado un total de 524 quejas, de ellas 117 corresponden a la Procuraduría General de Justicia, 80 contra la Secretaría de Educación, 84 para la Dirección General de Prevención y Readaptación Social.

Indicó que también se tiene el registro de 32 quejas contra el Tribunal Superior de Justicia; 29 contra los Servicios Educativos Integrados (SEIEM), 23 que involucran a elementos de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), 22 para el Instituto de la Defensoría de Oficio y finalmente 11 para Issemym e ISEM.

Conocen mejor sus derechos

El especialista aseguró que el municipio en el que mayor número de quejas se han presentado es Los Reyes La Paz, con 24 expedientes, seguido por Chimalhuacán y Chalco con 20 quejas cada uno; Ixtapaluca con 14, Valle de Chalco con 12, y por último el municipio de Chicoloapan con ocho.

Indicó que este alto número de quejas ciudadanas se debe a que ahora existe mayor cultura entre la población sobre cuáles son sus derechos como ciudadanos y cuando la autoridad, sea del nivel que sea, podría estar incurriendo en excesos, como ocurre con el trato de los elementos policiacos y de los maestros.

Lamentó que no obstante los esfuerzos del gobierno mexiquense, la Procuraduría estatal siga encabezando la lista de las instituciones que incurren con mayor frecuencia en la violación de garantías individuales.

En este caso la mayor demanda ciudadana se refiere a la “dilación” en la procuración de justicia, relacionada con un retardo en la persecución de delitos, en la integración de averiguaciones y en la impartición de la justicia que esperan las víctimas.

Manifestó que la aplicación imparcial y firme de la ley constituye una obligación fundamental en el ámbito de las atribuciones de la autoridad