El gobierno del Distrito Federal comunicó ayer a la Federación que no recibirá en sus cárceles a más presos del fuero federal, y le pidió que comience a llevar a sus penales a reos peligrosos. Esta es una medida para mitigar la sobrepoblación en las prisiones capitalinas que, de acuerdo con la propia administración local, están a su máxima capacidad.

Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, urgió ayer a su secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, a elaborar una carta dirigida al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para notificarle que la administración local no recibirá a más reos del fuero federal.

La Dirección de Comunicación Social del GDF confirmó ayer por la noche el envío de esa carta a la Segob, en la cual también se pide que por lo pronto se ordene el traslado a penales federales de 33 reos peligrosos que recientemente fueron ingresados al Reclusorio Sur.

“Debido a que el sistema penitenciario está a su máxima capacidad, se solicita al gobierno federal inicie un proceso gradual para que los reos federales puedan purgar las sentencias que les corresponden en sus lugares de origen, ademas de implementar otras medidas que contribuyan a disminuir la sobrepoblación penitenciaria paulatinamente”, se lee en un comunicado emitido ayer por la noche.

En las cárceles de la ciudad hay 40 mil 159 presos, y de ellos 5 mil 600 son reos del orden federal.

Funcionarios de alto nivel del GDF coincidieron en que ayer por la mañana, en la reunión del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia del DF, Ebrard dio la instrucción a Ávila de redactar la carta e incluir en ella el sustento jurídico que valide la negativa del gobierno local a recibir más presos federales.

Argumento jurídico

De acuerdo con los funcionarios entrevistados, se argumentará el artículo 18 de la Constitución, el cual establece que “la Federación, los estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción respectiva”.

El precepto aclara que para los internos que purgen penas por delincuencia organizada, se destinarán centros especiales. En el caso de los sentenciados, podrán cumplir su castigo en cárceles cercanas a su domicilio, siempre y cuando no se trate de reos peligrosos o acusados de delitos graves como narcotráfico.

El argumento de las autoridades locales, según funcionarios del Gabinete de Seguridad que pidieron el anonimato, es que desde 1997, con el primer gobierno perredista en el DF, no hay un convenio con la Federación sobre los presos federales.

Lo que existe es un acuerdo con el extinto Departamento del Distrito Federal, en el cual se establecían básicamente responsabilidades de tipo económico para garantizar la manutención de los presos. Ese convenio establecía que el gobierno federal aportaría un “socorro de ley” de nueve pesos por cada reo, cuyo monto no ha variado. “Si no tenemos un convenio no podemos ni estamos obligados a cumplirlo”, dijo un funcionario cercano al jefe de Gobierno.