La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), así como las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública locales, son las tres dependencias que siguen a la cabeza en cuanto a quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF).

A 15 años de creado el organismo defensor, esas áreas gubernamentales siguen siendo de las que más generan violaciones a las garantías de los habitantes de la ciudad.

En cuanto hace al Ministerio Público y a la Policía Judicial, es que la Procuraduría sigue ocupando el primer lugar de quejas con 31% del total, de las 7 mil 814 registradas el año pasado.

De ellas, 7 mil 211 no procedieron.

Según el Informe de labores de la CDHDF en 2008, la Secretaría de Gobierno ha escalado posiciones —hasta llegar al segundo que antes ocupaba la SSP-DF— por las constantes y sistemáticas violaciones a los derechos de las personas en reclusión.

Resalta que la Secretaría de Gobierno es la encargada del Sistema Penitenciario, que se conforma por 10 cárceles y un Centro de Ejecución de Sanciones, mejor conocido como El Torito.

En total, recibió 24% de las quejas.

La SSP-DF ocupa el tercer lugar, que es generado por quejas contra sus policías. Recibió14% de las denuncias presentadas ante la comisión el año pasado.

Otras de las instancias de gobierno que resaltan en cuanto a número de quejas es la Secretaría de Salud, con 9%; la Consejería Jurídica y Servicios Legales, con 4%, y el Tribunal Superior de Justicia con 6%. “Esas seis dependencias concentran casi 85% del total de menciones”, indica el informe.

En 2008 sumaron 24 las recomendaciones emitidas, lo que significa el mayor número desde que que se creó el organismo, en 1994. “La seguridad pública es una materia en la cual el déficit y lagunas arrastradas a través de numerosas administraciones en el ámbito nacional y local, provocan hoy fátidicas consecuencias que merman la calidad de vida de las personas. Cualquier política que plantee ceder derechos a cambio de ofertas de seguridad, constituye una puerta falsa e inadmisible”, fue la reflexión realizada por el ombudsman Emilio Álvarez Icaza, al presetnar su último informe tras ocho años de permanecer al frente de la CDHDF.