El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, presentó dos propuestas de ley a los diputados locales para cambiar tanto la situación de las personas presas como de los policías.

En su última comparecencia ante la Asamblea Legislativa, el también llamado ombudsman dijo que en el tercer lugar en número de quejas ante el organismo que preside, lo ocupan los reclusorios; por encima están la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, en primer y segundo sitios, respectivamente.

Lo anterior es debido principalmente a la sobrepoblación, corrupción, imposibilidad de reinserción social y constantes violaciones a los derechos humanos.

La propuesta general de ley penitenciaria es debido a que “el sistema penitenciario prevalece como uno de los eslabones más débiles del sistema de procuración de justicia. Es uno de los aspectos más críticos de la agenda de derechos humanos de la ciudad de México”, indicó el funcionario.

Autogobierno, violencia, drogadicción, precaria salud de los internos y falta de higiene, son algunas de las realidades al interior de las cárceles. Otras más son la mala alimentación, imposibilidad de desarrollar programas realmente efectivos de educación, y ausencia de oportunidades laborales dentro y una vez que la persona es liberada.

La propuesta contempla abatir todas esas deficiencias basándose en las recomendaciones que la comisión ha emitido durante los últimos 15 años a la Subsecretaria de Gobierno del DF y a la misma Secretaría del Sistema Penitenciario.

En cuanto a la propuesta general para la reforma integral de las policías del DF, ésta señala las deficiencias con las que trabajan los encargados de la seguridad pública. Además, dicha propuesta recoge las casi 360 mil participaciones propuestas, 93% de las cuales fueron realizadas por jóvenes en el marco de la consulta “La policía que queremos”.

Álvarez Icaza dijo que tiene que generarse una condición de sanción a la delincuencia en beneficio de la sociedad y no volver a revictimizarla con un sistema en el que los internos salen peor, y no se corrigen los índices delincuenciales.