Las autoridades capitalinas tienen ubicados los sitios en la ciudad donde podrían presentarse conflictos durante la elección interna del PRD que se celebrará este domingo.

Para evitar confrontaciones entre miembros del sol azteca, el gobierno del DF desplegará un operativo policiaco en toda la ciudad, pero en particular en esos sitios, que se sumará a una vigilancia de la Contraloría del DF, la Secretaría de Gobierno y el Sistema de Aguas, para evitar que durante el fin de semana se haga un uso político del agua potable, toda vez que se aplicará el segundo corte en el abasto del líquido a partir de este sábado.

El distrito 22 de Iztapalapa, la delegación Gustavo A. Madero, así como las colonias La Malinche y El Ocotal en la delegación Magdalena Contreras, son los focos rojos que tiene detectado el gobierno de la ciudad, como aquellos en donde pueden presentarse incidentes entre perredistas.

“Hay secciones en donde, dado lo estrecho de la competencia, hemos llegado a la conclusión de que es necesario tener en ellos particular atención, como el distrito 22 de Iztapalapa”, dijo el subsecretario de Gobierno de la ciudad, Héctor Hernández Llamas, al hablar del operativo policiaco.

El funcionario ofreció una conferencia con el contralor capitalino, Ricardo García Sáinz, en la que explicaron las acciones que tomará el GDF a fin de garantizar el orden durante los comicios internos del PRD.

Dieron a conocer que el domingo habrá un trabajo coordinado de la Secretaría de Gobierno y la Contraloría, para realizar operativos aleatorios en las contralorías internas de delegaciones y dependencias de gobierno, para verificar que se cumpla una circular en la que el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, ordenó el resguardo de vehículos oficiales y equipos de comunicación durante el fin de semana.

Advirtieron que cualquier funcionario que sea sorprendido haciendo uso indebido de recursos públicos, puede recibir como sanción la inhabilitación hasta por 20 años, independientemente de un proceso penal.

Esa sanción, agregaron, podrá aplicarse contra aquellas personas que utilicen el programa emergente de abasto de agua para promover a algún precandidato.