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Pese a que está “aportando testimoniales” en las investigaciones por el extravío de siete menores del albergue Casitas del Sur, y a que es acusada por Reintegración Social, AC, de incurrir en anomalías relacionadas con el caso, Alicia Beatriz Azzolini Bincaz imparte cátedra en el Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Procuraduría capitalina, tras separarse de su cargo como fiscal central de Investigación para Menores, en diciembre pasado.

“Está dando clases. Nosotros no vemos que se le pueda fincar alguna responsabilidad y además tiene una función por honorarios; no forma parte de la Procuraduría, da clase y se retira después a la UAM”, explicó Miguel Ontiveros Alonso, director del IFP.

Alicia Azzolini era fiscal cuando Ilse Michel fue canalizada a Casitas del Sur y según Ernesto Ramírez, miembro del Patronato de Reintegración Social, esa ex funcionaria organizó cateos tras pedirle a Elvira Casco Majalco, entonces directora de Casitas del Sur, que entregaran a Ilse Michel, al negarse causó un conflicto entre ellas.

Esa asociación civil, administradora de Casitas del Sur, acusó a la Procuraduría capitalina, de tener un negocio de adopciones ilegales, en el que Ilse Michel también fue entregada a un “alto” funcionario.

Acusaron a Casco Majalca de llevarse dinero de la asociación y de la desaparición de Ilse y de los otros menores, en contubernio con la PGJDF.

Mostraron copias de amparos ganados, y de órdenes de aprehensión no concedidas a la dependencia a cargo del procurador Miguel Ángel Mancera, en contra de personal de Casitas, por falta de elementos.

Ante las acusaciones de Reintegración Social, el subprocurador Jurídico y de Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) José Ramón Amieva Gálvez, exhortó a que se presenten las pruebas necesarias para fortalecer las investigaciones en torno al extravío de Ilse Michel y de los otros seis menores, “con la condición de que los agotaremos hasta sus últimas consecuencias”.