La interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal enfrenta un nuevo problema: médicos que en el sector público apelan a la objeción de conciencia para no practicarla, pero que en sus consultorios privados los realizan y cobran por ello.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha recibido varias quejas por esta situación, por lo que mantiene pláticas con la Secretaría de Salud para saber qué harán con estos galenos.

Sin embargo, Armando Ahued, titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal(SS-DF) señaló que no existen pruebas para demostrar esta situación, “y de cualquier manera no podríamos hacer nada”.

La razón, dijo, es que se trata de una cuestión de moral de los médicos. La línea de esta dependencia es respetar a quienes deciden no practicar interrupciones de embarazo. La situación es compleja, explicó Armando Ahued, ya que no hay forma de demostrar la actividad fuera de sus horarios de servicio.

Pero Emilio Álvarez Icaza, ombudsman capitalino, consideró que “es claramente un fraude, no se puede argumentar objeción de conciencia en el servicio público y en el consultorio privado cobrar”.

El presidente de la CDHDF señaló que se encuentran en la integración de las quejas recibidas por usuarias de la Interrupción Legal del Embarazo, por lo que están obligados a mantener en la confidencialidad los nombres de los médicos. La intención de este organismo es construir junto con la Secretaría de Salud un mecanismo que garantice tres puntos esenciales: la prestación del servicio como obligación del Estado, garantizar, en su caso, la objeción de conciencia y sancionar el uso “perverso” de este concepto.

Con las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal en 2006 que despenalizaron el aborto antes de la doceava semana, se aseguró el derecho de los médicos a negarse a practicar interrupciones de embarazo si esta actividad iba en contra de su ética.

Sin embargo, Álvarez Icaza aseguró que “no se puede tener objeción de conciencia por horarios o por ingresos”. Por su parte, la Secretaría de Salud, minimizó este tema y consideró que la vida privada de los doctores es cuestión “de su ética y su conciencia”.

Armando Ahued destacó que sin importar el número de médicos que se abstengan de realizar interrupciones de la etapa gestacional, “hemos garantizado el servicio al 100% de las mujeres que lo solicitan”.

El problema inicial de la falta profesionales de la medicina dispuestos a la práctica de abortos quedó en el pasado.

A casi dos años de la despenalización del aborto, la Secretaría de Salud realizó 20 mil 17 procedimientos, de estas mujeres, mil 86 son menores y 95% de ellas acudieron a compañadas de su madre, como lo hiciera hace un año Vianey, la menor que perdió la vida cuando se complicó la interrupción de su embarazo en el hospital Balbuena.