En poco más de tres años —de 2006 a 2009— la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió al menos 176 quejas por casos de tortura, y en ese periodo emitió 15 recomendaciones, de las cuales sólo dos han concluido.

Ayer, fue presentada la estrategia para la Atención de Casos de Tortura, y según el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, a partir de esta estrategia que funciona desde el año pasado, la comisión presenta denuncias de sin esperar a que se integre y termine una recomendación.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sólo investiga 12 denuncias por tortura, iniciadas entre 2008 y 2009, reconoció el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera.

El ombudsman mencionó que pese a los esfuerzos de las autoridades, hasta el momento no hay un solo consignado por el delito de tortura. “Con la estrategia, solicitaremos de inmediato que la Procuraduría inicie las investigaciones por el delito de tortura. Llevaremos a cabo un papel mucho más proactivo”, recalcó Álvarez Icaza.

Detalló que en 2008, se solicitó que se iniciaran 10 indagatorias por ese delito; otra, se canalizó a un afectado; y la Procuraduría inició una más como denuncia de hechos.

Estrategia internacional

Álvarez Icaza también mencionó que en 12 entidades del país no existe la tipificación del delito de tortura y los casos se registran en delitos diversos, lo que provoca que cada juez le pueda dar una interpretación distinta.

Durante el acto, la Comisión de Derechos Humanos explicó que esta estrategia cuenta con un consenso internacional y le da atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos para investigar quejas, hacer supervisiones, dar capacitación y hacer estudios en la materia.

En ese sentido se buscará difundir la problemática, además de que presentará los casos relacionados ante organismos internacionales usando toda las herramientas de los sistemas universal y regional, además que impulsa el reconocimiento de los instrumentos internacionales. Según la comisión las autoridades más señaladas por acusaciones de tortura, son: la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría y la Secretaría de Gobierno encargada del sistema penitenciario.