La delegación Miguel Hidalgo utilizó los servicios de una empresa privada para aplicar pruebas de polígrafo a empleados, a quienes luego destituyó.

Fue la Consultoría Integral en Administración, Evaluación y Prevención, ubicada en el World Trade Center, la contratada para que en sus propias oficinas usará el detector de mentiras en tres ex funcionarios.

Preguntas sobre cuentas bancarias, bienes, vida infantil y amorosa integraron el interrogatorio que duró más de seis horas, narraron dos de los agraviados, Enrique Selvas Carrola y Tania Rossana Pérez, quienes hasta febrero de 2007 formaban parte del área jurídica.

Selvas dijo que la delegación no realizó la licitación para hacer uso de dichos servicios, aunado a que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 22/08 en la que calificó de violatoria tal práctica.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación consagra el derecho a la intimidad (y) protege al gobernado de intromisiones o molestias en su intimidad o vida privada”, indicó la CDHDF.

Selvas Carrola narró su experiencia con esta prueba: “Fue en un consultorio chiquitito... te hacen cinco preguntas de diferente manera, pero durante 45 minutos te preguntaban qué bienes tienes, qué amantes, si tenías concubina, hijos, en dónde, qué vehículos, referencias de familiares cercanos, con quién hablas más, quiénes son tus amigos... peor que un interrogatorio de cualquier tribunal”, dio a conocer Selvas Carrola.

La empresa contratada señala en su página electrónica que la prueba poligráfica facilita la identificación de los responsables de actos delictivos.

Sin embargo, en este caso nada se comprobó y los implicados en presuntos actos de corrupción no fueron investigados por el Ministerio Público.

La Comisón de Derechos Humanos lamentó que la delegación a cargo de Gabriela Cuevas no haya aceptado en su totalidad la recomendación en la que se pide que se ofrezcan disculpas públicas a los agraviados, mientras que la administración a cargo de la panista dijo que las pruebas de control de confianza son constitucionales.