La pugna jurídica entre la empresa Prestaciones Universales, S.A. de C.V., y el gobierno de la ciudad de México por los vales de despensa para 252 mil 200 trabajadores, no pone en riesgo esta prestación porque ayer concluyó el ciento por ciento de la entrega.

Ramón Montaño, oficial mayor del gobierno capitalino, explicó que aunque son 110 mil los trabajadores sindicalizados, también fueron beneficiados con esta prestación empleados de los órganos autónomos, como el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que en suma tienen 142 mil 200 empleados.

El 9 de diciembre pasado el Juzgado 16 de Distrito en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a Prestaciones Universales para que el gobierno capitalino no hiciera la adjudicación directa de los vales de despensa a Controladora Mexicana, S.A. de C.V.

Sin embargo, para esa fecha el contrato ya había sido otorgado a Tiendas Comercial Mexicana, S.A. de C.V., por lo cual quedó sin efectos la suspensión, según la consejera jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz.

La funcionaria explicó que el 11 de noviembre fue recibida la notificación sobre la suspensión en sus oficinas, y al día siguiente envió al juzgado un informe con los argumentos del gobierno capitalino, donde acredita la improcedencia de este recurso legal.

No obstante, el proceso continúa y este miércoles el juez deberá decidir si después de estudiar las argumentaciones de las dos partes, se decreta la suspensión definitiva o se declara improcedente el amparo promovido por la empresa inconforme.

Bonifaz confió en que el juez rectifique la decisión inicial que tomó debido a que la adjudicación de los vales a Tiendas Comercial Mexicana se realizó el 28 de noviembre, mientras que la demanda de amparo fue admitida el 9 de diciembre, es decir, que la inconformidad de la empresa fue posterior al hecho reclamado.

Además, dijo la consejera jurídica, el amparo se otorgó con base en un nombre erróneo, pues en vez de decir Tiendas Comercial Mexican, S.S. de C.V., se mencionó “Controladora mercial Mexicana S.A de C.V.”.

Otra inconsistencia del amparo es que se otorga contra una licitación pública nacional, cuando en realidad se trató de una adjudicación.

Ramón Montaño explicó que aún sin tener recursos para licitar los vales de despensa, el gobierno —con autorización de la Secretaría de Finanzas— lanzó la convocatoria, a la que respondieron seis empresas, entre ellas Tiendas Comercial Mexicana y Prestaciones Universales.

Explicó que unos días después se suspendió el proceso debido a que todavía no se tenían los recursos necesarios, y una vez que se avisó de la disponibilidad presupuestaria, se decidió hacer una invitación restringida a las mismas empresas.

Entonces se decidió otorgar el contrato a Tiendas Comercial Mexicana porque presentó la mejor oferta económica —dijo Montaño— y el gobierno se ahorró 80 millones de pesos, mientras que con Prestaciones Universales sólo se reducía el costo de los vales en 45 millones.