Entre 2006 y 2007 el Ministerio Público del DF intentó en tres ocasiones suspender y mandar al archivo una investigación que le exigía la Secretaría de Finanzas capitalina, en contra de los administradores del Hotel Real del Sur, que debían 23 millones de pesos en el pago de predial y agua.

La Secretaría de Finanzas pidió en 2006 a la Procuraduría de Justicia del DF que ejerciera acción penal por el delito de defraudación fiscal en contra de esos contribuyentes, pero el Ministerio Público argumentó que no contaba con los elementos suficientes para ejerce la acción penal.

Ayer, Jesús Anlén, procurador fiscal, y Miguel Mancera, procurador de Justicia del Distrito Federal, reconocieron en conferencia que desde el 19 de enero de 2006 las autoridades judiciales recibieron una denuncia penal contra el Hotel Real del Sur, ubicado en el cruce de Calzada de Tlalpan y División del Norte.

“Entre 2006 y 2007 el Ministerio Público propuso en tres ocasiones no continuar con la averiguación previa, a lo que la Procuraduría Fiscal se inconformó, por lo que la investigación siguió su curso”, detalló el funcionario.

La sugerencia del MP se dio a pesar de que el 8 de febrero de 2006 y ya como parte de las indagatorias, esa representación social detectó que se encontraban rotos los sellos de clausura colocados meses antes a una toma clandestina utilizada durante cinco años por ese hotel para abastecerse de agua.

Incluso, Mancera aceptó que en su momento que el MP no realizó diligencias y ampliaciones de dictámenes.

Cuando se le preguntó si la actitud del Ministerio Público no representaba una omisión o dilación, el procurador respondió: “Este es un terreno poco explorado, aquí estamos hablando de un delito especial, no es una práctica de todos los días; en ocasiones se encuentra dificultad para integrar este tipo de conductas y lo que hacía falta era el trabajo conjunto”.

Fue hasta enero de 2008 cuando la Procuraduría Fiscal proporcionó las pruebas del fraude en contra de las empresas Comercializadora Sestar e Inmobiliaria Pablos, propietarias del hotel y que desde 1999 no pagaban sus contribuciones. Tan sólo por suministro de agua, enfrentaba una deuda por 5.9 millones de pesos, en tanto que por el impuesto de predial tenía un adeudo por 17.6 millones.

Derivado del proceso penal el pasado 29 de octubre el juez 49 de lo penal libró órdenes de aprehensión en contra de José Manuel Mendoza Torres, administrador de ese establecimiento, y José Rosendo Mouriño, secretario del Consejo de Administración de dicho negocio.

El primero fue aprehendido el pasado 2 de diciembre en tanto que la PGJDF mantiene las diligencias para detener a Rosendo Mouriño, que incluyen la emisión de una alerta migratoria a todos los puertos del país.