TOLUCA, Méx.— Para empezar, y para terminar, el procurador general de Justicia del estado de México, Alberto Bazbaz Sacal, sentencia: “Algo deben tener claro los delincuentes, que no les quepa duda: aquí no van a hacer de las suyas y quedar impunes. Se les investiga, serán detenidos y castigados de acuerdo a la ley”.

En tal sentido, el abogado de 35 años de edad anuncia que entre una serie de acciones, pronto, a principios del año próximo, empezará a funcionar un centro estatal que atenderá las denuncias sobre extorsiones y contará con los adelantos tecnológicos suficientes para ubicar el origen de las llamadas telefónicas, cuando las amenazas se hagan por ese conducto, y desde luego para indagar y dar con quienes personalmente intentan obtener dinero de sus posibles víctimas.

Egresado de la Universidad Anáhuac, dice que aceptó el cargo de procurador porque era un crítico como litigante de las prácticas en agencias del Ministerio Público. “Es —agrega— un reto para mí y para todo el equipo”.

En relación con la serie de intentos de extorsiones telefónicas contra comerciantes, escuelas y particulares de Cuautitlán Izcalli, el funcionario dice que él y sus colaboradores, y las diversas autoridades están ocupados en el asunto, investigan, y habrá resultados. Aclara que de las reuniones que ha sostenido el gobernador Enrique Peña Nieto con los alcaldes de todos los municipios, se han acordado varias acciones para la coordinación y colaboración.

Así, dice, todos los presidentes municipales tienen comunicación directa con la Agencia de Seguridad Estatal, mediante claves telefónicas especiales que cada uno tiene.

Responde pronto, apenas espera a escuchar la pregunta. Con ese estilo, asegura que en el estado de México ha disminuido el número de secuestros y con ello se han incrementado las detenciones de quienes cometieron ese tipo de delitos.

Agrega que la depuración de los cuerpos policiacos en todos los niveles, se lleva adelante de manera eficaz. Aclara que, sin embargo, esto no se hace en el marco de la actual coyuntura o con motivo de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, pues desde marzo de este año se desarrollan con intensidad las certificaciones, y cuando se han encontrado casos de conductas ilegales, se ha llegado a poner a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) a mandos de la policía.

Pero, puntualiza, en todo caso, es fundamental, resulta indispensable que la ciudadanía apoye a las instituciones como tales, no a las personas que están al frente de ellas. Por eso —insiste— deben presentar las denuncias las personas cuando hayan sufrido de algún acto delincuencial.

Así, explica, se ha podido detener a secuestradores cuando ya tenían a un tercer cautivo o cautiva, con las evidencias, los datos que aportaron quienes denunciaron el primer y segundo casos.

Alberto Bazbaz Sacal exclama luego, sin reservas: “¡Sí, por supuesto, y muy buena!” cuando se le pregunta si hay colaboración y coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Y como lo manifestó al iniciar la entrevista con EL UNIVERSAL, lo repetirá al finalizar: deben saber los delincuentes que no harán de las suyas sin ser perseguidos y castigados, no tendrán impunidad.