El conflicto por los pasos a desnivel en Miguel Hidalgo se encuentra entrampado. Los actores de la pugna, encerrados en soliloquios, se dicen dispuestos al diálogo pero no hacen nada por buscar una salida negociada.
El fin de semana pasado hubo roces cuando la delegación intentó desalojar un plantón de vecinos inconformes para iniciar las obras. El problema, al parecer, no tiene salida a menos que alguno de los implicados, o todos, cedan en algo.
En estos días vemos una situación muy similar al conflicto por la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, el cual debió ser el proyecto sexenal del gobierno que encabezó Vicente Fox. En el año 2001, no sólo significaba al fin la construcción de una terminal acorde con el tamaño de la metrópoli, con cinco pistas que podrían funcionar de manera simultánea, sino una gran apuesta urbanística y ambiental para ubicar el centro de operaciones aéreas fuera de la metrópoli.
Todo esa iniciativa, que generó en su momento un apoyo prácticamente unánime y desató una puja entre los gobiernos de Hidalgo y el estado de México para recibir el proyecto, se fue al diablo por una torpe operación política de las autoridades federales
El gobierno foxista, con la confianza risueña que le daba su popularidad de 70%, pensó que los ejidatarios de San Salvador Atenco aceptarían con gusto, sin conocer siquiera el proyecto, el pago de siete pesos el metro cuadrado por sus tierras, y los empleos que los dueños de la terminal aérea les brindarían.
Lo que sucedió es por todos conocido. No sólo no se construyó el nuevo aeropuerto, sino que se generó un conflicto político y social que la indiferencia y la ineptitud de algunas autoridades escalaron a grado tal que casi de la nada surgió un grupo opositor —el Frente de Pueblos de Atenco y sus machetes— que tomó la defensa de las tierras salitrosas del ex lago de Texcoco como bandera, y el proyecto se malogró.
Las consecuencias las vemos ahora: con su capacidad rebasada hace décadas, al viejo aeropuerto se le agregó una nueva terminal con todo y teleférico. Además, hace unos días, el avión en el que viajaba el secretario de Gobernación se estrelló en una zona donde miles de personas habitan, trabajan y circulan al intentar tomar pista.
Esta incapacidad para buscar una salida negociada parece repetirse en el conflicto de las Lomas de Chapultepec. Sólo basta con intentar llegar a Santa Fe a través de Reforma o Palmas, casi a cualquier hora del día, para darse cuenta que es urgente, vital, necesaria una solución vial en esa zona. La delegación Miguel Hidalgo inició los pasos a desnivel con esa certidumbre, pero no tomó en cuenta a los grupos de colonos de las zonas afectadas. Gabriela Cuevas informó tarde y mal sobre los proyectos viales, y se ha mantenido alejada de los grupos opositores, sin haber intentado hasta ahora tender puentes de entendimiento.
Ambos casos reflejan la falta de oficio y voluntad de las autoridades encargadas de implementar acciones de gobierno. No basta con tener la razón acerca de la pertinencia de una obra; se debió informar y mantenerse cerca de los afectados, no sólo para conciliar posiciones, sino para desactivar cualquier intento de radicalización que dé pie a la violencia. En la pugna por el aeropuerto hubo choques entre opositores y policías que generaron procesos penales y denuncias ante organismos de derechos humanos. En Miguel Hidalgo —y en otras zonas donde se realizarán obras de alto impacto, como Tláhuac—, es necesario que las autoridades cuenten, además de un proyecto técnico pormenorizado y un proceso de licitación transparente, una estrategia política que considere todos los escenarios posibles.
Mientras tanto, por torpeza, intransigencia e ingenuidad políticas de algunos, por las mañanas y tardes las Lomas de Chapultepec son un nudo de tres horas para los automovilistas, y parece que se necesitará la caída de un avión con 200 personas a bordo para convencer a las autoridades de sacar el aeropuerto de la ciudad, y entonces sí no haya machetes que valgan. Mientras, tenemos dos bombas de tiempo. Dos más.