Esta semana la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) determinará la situación jurídica de los dos policías judiciales arraigados por su presunta participación en el secuestro y muerte del joven Fernando Martí.

Se trata de los agentes que estaban adscritos al aeropuerto y que fueron los primeros en ser detenidos. Uno es el comandante José Luis Romero Ángel, y el otro es el agente Fernando Hernández Santoyo.

Además, vencerá el arraigo de Marco Antonio Moreno Jiménez, uno de los detenidos por el caso Martí y señalado por la PGJDF como integrante de la banda de La flor, que presuntamente encabezaba Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias El Apá, quien se sigue internado en un hospital del IMSS al sur de la ciudad, también en calidad de arraigado.

El lapso en el que vence el arraigo de los dos primeros agentes judiciales, así como de Marco Antonio Moreno Jiménez, es entre el 1 y el 5 de noviembre, tiempo en el que el Ministerio Público local deberá ejercitar acción penal en contra de los acusados o dejarlos en libertad.

En el caso de los dos elementos judiciales, se les acusa de haber solicitado información de un corredor de bolsa que fue víctima de secuestro en el Distrito Federal por parte de presuntos policías judiciales que lo interceptaron a bordo de una patrulla, le cerraron el paso y se identificaron como servidores públicos. Este caso de secuestro se le atribuye a la banda de La flor.

Mientras que a Marco Antonio Moreno se le acusa de haber robado el vehículo Corsa gris en el que apareció el cuerpo del menor Fernando Martí Haik el pasado 31 de julio.

De este caso está pendiente por resolver la detención de la ex agente federal Lorena González Hernández, a quien se le acusa de complicidad con Ortiz Juárez.

También está por resolverse la situación del presunto líder, quien se mantiene en el hospital donde se recupera de un presunto atentado ocurrido el pasado 22 de agosto.