alejandro.cuenca@eluniversal.com.mxTan sólo han pasado dos días de su aplicación y el gobierno del Distrito Federal incumplió ya con la Ley de Justicia para Adolescentes, pues no acató el artículo tercero transitorio de la misma, el cual establece que los reglamentos de ésta legislación debían entrar en vigor también desde el pasado 6 de octubre.
Hasta ayer, las autoridades capitalinas no habían publicado el reglamento de dicha legislación en la Gaceta Oficial del DF.
También se cumplieron 48 horas de que el gobierno federal transfiriera al GDF la administración de los centros de tratamiento para menores, conocidos como tutelares, sin que existiera el reglamento de ejecución de medidas para adolescentes. Ese reglamento, según se establece en un proyecto del mismo en poder de EL UNIVERSAL, define las atribuciones de las autoridades administrativas especializadas en justicia para menores o los procedimientos para que los jóvenes puedan ser visitados por sus abogados.
El reglamento contiene también el procedimiento específico que se debe seguir para otorgar la libertad anticipada, además de que establece la creación de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento para Adolescentes, lo cual no viene contemplado en la legislación.
Sobre la falta de esa normatividad, en la Consejería Jurídica del DF, el área denominada “enlace de prensa” argumentó que dependía de la Secretaría de Gobierno explicar por qué no se había publicado el reglamento en la Gaceta Oficial.
En ese sentido, el secretario de Gobierno, José Ángel Ávila, aseguró que el reglamento se publicará a más tardar este jueves, pues aún se realizan ajustes al mismo derivado de la operación de los centros.
“Al tomar el control de los centros, podemos ver cómo funciona la norma y estamos trabajando en un escenario hipotético de cómo se desarrolla la norma en relación con la realidad y eso nos ha llevado algunos ajustes”, dijo.
Rechazó que el gobierno del DF haya incurrido en una violación al artículo tercero transitorio de la ley, pues no se han afectado los derechos de ninguno de los 2 mil 800 jóvenes delincuentes que forman parte del sistema de justicia para menores.