El endurecimiento de trámites para la apertura de antros; la instalación de mecanismos de autorregulación para los empresarios y la creación de una nueva figura jurídica denominada “suspensión temporal de actividades”, son algunas de las propuestas para reformar la Ley de Establecimientos Mercantiles de la ciudad.

Con ellas se pretende terminar con la corrupción en el otorgamiento de permisos y fomentar el desarrollo económico en el DF, así como dar seguridad a los ciudadanos que acuden a ellos.

En conferencia de prensa, el legislador local Isaías Villa y representantes del sector empresarial que respaldan la iniciativa, explicaron que lo ocurrido en la discoteca New’s Divine muestra la necesidad de mejorar las normas para evitar más tragedias.

Para ello, los table dances, clubes nocturnos y los after hours deberán tramitar una nueva licencia de funcionamiento que los obligará a aumentar las medidas de seguridad y protección civil cuando el local sea para más de 300 personas.

La licencia se otorgaría por un consejo ciudadano de verificación como el propuesto por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, pero ese organismo sólo vigilaría a los establecimientos con la nueva licencia, tipo C.

Los permisos A y B que corresponden a negocios de “bajo impacto” continuarían a cargo de las delegaciones.

La iniciativa, que se espera sea votada en la ALDF en octubre, establece que los gobiernos delegacionales pueden combatir la venta de productos ilegales al revocar la licencia de funcionamiento si el negocio tiene averiguación previa por ese delito ante la Procuraduría General de la República.

Además, habría el concepto jurídico de “suspensión temporal de actividades” para establecimientos que les falte alguna documentación para su apertura, dándoles hasta 90 días para concluir los trámites.

Lorenzo Ysasi, presidente de la Canaco-DF, señaló que eso reduciría la clausura de negocios, que perjudica la reputación del empresario ya que se colocan los sellos aun cuando las faltas son administrativas. Para eliminar la corrupción, los empresarios están dispuestos a autorregularse con un instituto reconocido por el gobierno e instancias internacionales, que ellos costearían.