TOLUCA, Méx.— Las bandas del crimen organizado están reclutando a mexiquenses de zonas rurales para llevar a cabo sus actividades ilícitas, pues saben que en dichos lugares existe una gran necesidad de oportunidades laborales y económicas.

Así lo explicó Alberto Bazbaz Sacal, procurador de Justicia estatal, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso estatal, donde aceptó ante los 75 diputados que integran la 56 Legislatura mexiquense, que la delincuencia organizada está ganando espacios en los municipios rurales, donde el uso de las armas de fuego es una constante.

En el estado hay 1.9 millones de personas que viven en pobreza alimentaría. “Las zonas rurales constituyen el mayor espacio de reclutamiento de las organizaciones criminales. Sin duda aprovechan condiciones de pobreza y falta de oportunidades para fortalecer sus fines; derivado de ese entendimiento, estamos haciendo el esfuerzo coordinado, todas las instancias de gobierno”, dijo.

Asimismo, reconoció que las bandas de la delincuencia organizada que operan en el territorio mexiquense y zona centro del país, aprovechan la incapacidad que algunas policías municipales tienen para contrarrestar sus acciones delictivas, así como la falta de coordinación y jurisdicción que hay entre las dependencias municipales, estatales y federales.

“Vehículos robados en algún estado, por ejemplo Michoacán, son utilizados para cometer secuestros en nuestro estado de México, cobrar rescates en el DF o en Morelos; personas privadas de su libertad en un municipio, son asesinadas en otro, después de cruzar impunemente diversas jurisdicciones”, admitió.

Durante la comparecencia que se prolongó por más de tres horas, Bazbaz apuntó que los actos de corrupción en la Procuraduría que encabeza desde el 18 de marzo, continúan.

“En lo que va de este año, tenemos 16 agentes del Ministerio Público consignados, 11 secretarios, 82 elementos de la Policía Ministerial, dos peritos y dos integrantes de personal administrativo; éstos son servidores públicos consignados ante la autoridad judicial por la comisión de delitos”, precisó.

Aclaró que para separarlos de sus cargos tendría que iniciar un procedimiento administrativo, por lo cual hasta el momento sólo están suspendidos de sus funciones pero no separados de manera definitiva.

Por lo anterior, solicitó al Poder Legislativo aprobar la iniciativa que busca la creación de un Centro de Control de Confianza mediante el cual se intentaría depurar a las instituciones encargadas de procurar justicia y brindar seguridad pública.

Asimismo detalló que 80% de los delitos en el estado se cometen en el valle de México; que de enero a septiembre se han registrado 118 homicidios dolosos contra mujeres; 550 homicidios dolosos en general y detenido a 78 secuestradores.