Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Acción Nacional (PAN) aseguraron que no aprobarán el uso de suelo para el reclusorio, el relleno sanitario o un Centro Integral de Reciclaje y Energía (CIRE) en Tláhuac, ya que no están dispuestos a dar un “cheque en blanco” al gobierno del Distrito Federal cuando todavía no tienen en su poder los proyectos.

Edy Ortiz Piña, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana en la Asamblea Legislativa, informó que el próximo lunes sesionarán para dictaminar el Programa de Desarrollo Urbano de Tláhuac, en el cual sólo se contemplan cambios de uso de suelo para la construcción de la línea 12 del Metro y el Hospital General, aunque en este último punto el diputado panista Alfredo Vinalay manifestó estar en contra.

Ortiz Piña adelantó que no aprobarán la construcción de la alberca y pista de hielo, que ya inició su edificación Gilberto Ensástiga, jefe delegacional en Tláhuac, por lo que obligarán a demoler esas obras, pues no tienen autorización.

Defiende bosque

También pidió la renuncia de la contralora interna de la demarcación, Mónica León Perea, pues avaló esas obras, toda vez que no hay permiso de uso de suelo.

“Rechazamos tajante que el Bosque de Tláhuac desaparezca, por lo que me uniré a la denuncia que presentó Vinalay. La Procuraduría capitalina a través de la Fiscalía Especializada para Delitos Ambientales va a tener que actuar y también la Secretaría de Medio Ambiente”, comentó luego de mostrar un volante que se reparte en la demarcación sobre los beneficios de estas edificaciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la ALDF, Obdulio Ávila Mayo, dijo que cerrar paulatinamente el Bordo Poniente no resuelve el problema en el manejo de residuos sólidos de Distrito Federal, contradice el acuerdo signado con la Conagua en 2004 y pone en riesgo a la población de la ciudad y del estado de México.

“El Bordo tenía que cerrarse desde 2005. Ha operado durante tres años más de lo establecido, ya alcanzó los límites de su capacidad, retrasar el cierre por un espacio de 20 meses pone en riesgo la salud de los trabajadores y de los habitantes de las zonas aledañas”, insistió el asambleísta Ávila Mayo.