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Armados y a plena luz del día es como extorsionadores operan en paraderos del transporte concesionado donde hacen base todos los ramales de la Ruta 9.
Gabriel González Zamora, representante de este grupo de casi mil choferes, menciona que a pesar de que han hecho las denuncias correspondientes, ni la Procuraduría del Distrito Federal o del municipio de Nezahualcóyotl han investigado esta situación.
El líder de la Ruta 9 confirmó lo publicado ayer por EL UNIVERSAL, sobre la existencia de delincuentes organizados que cobran “rentas” a transportistas a cambio de no asaltarlos o quemarles sus unidades.
Bajo este régimen de terror “esos sujetos deben estar apadrinados por alguien poderoso porque llegan armados a las bases y se quedan varias horas esperando a los choferes, sin importarles cuánta gente haya”, protestó.
Tanto en los paraderos de Pantitlán, Zaragoza y las bases del Metro Puebla y de la Comercial Mexicana en la colonia Juan Escutia, es donde la delincuencia opera con toda impunidad contra los transportistas. Cuotas de 600 pesos semestrales a mil pesos mensuales, son los que cada chofer debe entregar. “Al que no quiere dar el dinero lo buscan, lo amenazan, le dan de cachazos y le mandan fotografías de su familia, o les dicen que si no pagan les van a quemar la unidad”, relata.
Águilas, Tepozanes, Esperanza, Palacio, Toreo, Perla, Romero Vírgenes y Bucareli, son los ramales donde se registran las extorsiones.
El miedo es la principal causa de que los choferes no quieran acudir a declarar al Ministerio Público, como lo han exigido los agentes, cuando se han presentando las denuncias correspondientes.
La última de ellas se levantó en la Agencia 67 del Ministerio Público, donde se exigió la presencia de los afectados.
No obstante de que es un delito que impacta a casi mil personas directamente, que se hace de manera organizada, con armas de fuego de por medio y en lugares donde transitan millares de personas.
En este contexto resalta el caso de Guatemala, donde se dejó crecer las extorsiones a manos de “Maras”, sobre todo la Salvatrucha, contra el transporte público concesionado.
Durante el primer semestre de este año fueron asesinados 25 choferes que se negaron a pagar extorsiones similares a las registradas en el DF.
Sospechan de despachadores, trabajadores del volante y posiblemente autoridades.