“En todo momento recomendé que se denunciara ante la autoridad”, aseguró Ernesto Mendieta Jiménez ante la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría capitalina, que lo requirió el martes pasado para esclarecer su participación como asesor privado de la familia Martí Haik en su intento para rescatar al joven Fernando, quien había sido secuestrado.

En su primera declaración ministerial de tres fojas, a las que EL UNIVERSAL tuvo acceso, rechazó haber cobrado a la familia por asesorarla en la negociación con los plagiarios de la Banda de la flor.

Ayer, Mendieta pidió un amparo de la justicia federal en contra de cualquier acción legal que pudiera emprender en su contra la Procuraduría del DF o la Policía Judicial. La titular del Juzgado Decimosegundo de Amparo, Josefina del Carmen Mora Dorantes, decidirá hoy si le concede o no una suspensión provisional contra cualquier orden de presentación, detención o arraigo.

Mendieta declaró el martes a la Fiscalía Antisecuestros capitalina que el 4 de junio —cuando Fernando fue secuestrado— el empresario Alejandro Martí le llamó por teléfono para decirle pedirle asesoría y lograr la liberación de su hijo.

La declaración del negociador es parte de la averiguación previa FSPI-T3-1005-08-06 en la que se investiga el secuestro y homicidio de Fernando y su chofer Jorge Palma Lemus. El cadáver del joven apareció el 31 de julio; el de su chofer fue encontrado el 5 de junio.

En sus declaraciones ante la Fiscalía Antisecuestros, a las que también tuvo acceso este diario, el empresario Alejandro Martí y su empleado Aurelio Munguía —quien entregó el dinero del rescate— mencionan la participación de Mendieta en diversas etapas del proceso para liberar a Fernando.

“Hablé con el doctor en derecho Mendieta para que nos asesorara en las negociaciones del secuestro”, declaró Alejandro Martí.

Aurelio Munguía declaró que “el 12 de junio Mendieta me ordena la entrega del dinero. “Llamé a Mendieta y me dijo que mandaría por mí, le dije que estaba en Riff y Churubusco; como referencia le dije que había un Superama en División del Norte”, dijo el chofer a las autoridades.

El 5 de junio, un día después que Fernando desapareció, la PGJDF supo del plagio, de su chofer Jorge Palma Lemus y su escolta Cristhian Salmones Flores, perpetrado en un supuesto retén de la AFI, en las inmediaciones del estadio Olímpico Universitario.

El artículo 166-Bis del Código Penal del Distrito Federal establece una sanción de uno a ocho años de prisión a quien “actúe como asesor o intermediario en las negociaciones del rescate, con fines lucrativos o sin el consentimiento de quienes representen o gestionen a favor de la víctima”, o “que aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o bien el no colaborar o el obstruir la actuación de las autoridades”.

La Procuraduría capitalina busca establecer el grado de participación de Mendieta en el proceso de negociación para liberar a Fernando Martí.