Diputados del PAN y PRD lamentaron que el gobierno capitalino haya dado a conocer las “20 Acciones por la Ciudad”, pero sin dar una explicación de en qué consisten y cuáles son las reformas legales para impulsarlas, ya que provoca confusión entre los cuerpos policiacos.

Por su lado, Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), criticó la aplicación de este modelo anglosajón de recompensas. “Me parece que el peligro del establecimiento de un sistema de pagos regulares de recompensas es la aparición de privados encargados de atrapar delincuentes...y alientan la aparición de agencias privadas encargadas de perseguir delincuentes y cobrar el premio”, mencionó.

A su vez, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, dijo que el gobierno federal “respalda y apoya” la marcha ciudadana contra la violencia convocada para el 30 de agosto próximo, y suscribe la movilización por la indignación social.

La legisladora panista Carmen Segura consideró que el programa de recompensas propuesto por el GDF transgrede el principio de legalidad que rige a las instituciones y se sustenta en una serie inconsistencias que no garantizan una política adecuada en materia de seguridad pública.

Así también señaló que el acuerdo suscrito por el procurador capitalino y publicado ayer en la Gaceta Oficial, violenta los artículos 21 constitucional y tercero fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al facultar expresamente la investigación de los delitos sólo al Ministerio Público, con auxilio de la policía y los peritos.

Daniel Ordóñez, del PRD, reconoció que la propuesta de crear un registro dactilar y de voces de todos los internos quizá sea útil, pero se requiere de un sistema único de informática donde participen varias dependencias y se usen archivos de ADN.