Aunque en el caso de la discoteca New’s Divine el gobierno capitalino aceptó de inmediato los 40 puntos de la recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) —de acuerdo con el propio Emilio Álvarez Icaza—, la celeridad para acatar recomendaciones no es una característica de las autoridades locales.

En la Secretaría de Gobierno del DF se mantiene en total rezago la aceptación de dos recomendaciones que entre abril y junio de este año le giraron tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como la CDHDF, relacionadas con vejaciones a internos, y que en uno de esos casos derivó en la muerte de un reo.

Para ambas recomendaciones, la Secretaría de Gobierno no ha emitido siquiera una respuesta sobre si aceptará o no los 10 puntos que le piden acatar ambas comisiones, y que van desde una mejor coordinación entre autoridades locales para mejorar la atención médica de los presos, hasta el inicio de una averiguación para investigar la muerte de un interno en el Reclusorio Norte.

Juan José García Ochoa, subsecretario de Gobierno del DF, rechazó que la administración capitalina haya incurrido en un rezago para la atención de ambas recomendaciones, “pues aún estamos en tiempo, además de que pedimos la ampliación del plazo en la contestación para dar una respuesta más amplia”.

El funcionario aseguró que se aceptarán las recomendaciones y argumentó que el retraso en la contestación se debe a que las autoridades responsables aún revisan los casos que motivaron las quejas ante ambas comisiones.

La recomendación emitida por la CNDH, fechada el pasado 15 de abril, se refiere a la muerte de Arturo Flores Alcaraz, quien junto con otras personas fue detenido y enviado al Ministerio Público Federal tras un operativo que realizó la SSP-DF en Santa María la Ribera, el 24 de febrero de 2007.

Flores Alcaraz fue consignado al Reclusorio Norte, en donde pidió apoyo de las autoridades penitenciarias porque dijo sentirse mal. El preso padecía diabetes y bronconeumonía; sin embargo, no recibió adecuada atención médica y cuando su estado de salud empeoró fue trasladado al Hospital General de La Villa, donde falleció el 3 de marzo de 2007.

En cuanto a la recomendación de la CDHDF del pasado 6 de junio, ésta se relaciona con la queja de dos internos a los que sólo se identifica como JS y BG, quienes sufrieron mutilación de dedos cuando laboraban con maquinaria de la empresa Porvenir Familiar, en el Reclusorio Sur.

Ambos han exigido el pago de una indemnización por accidente de trabajo, pero entre las múltiples respuestas las autoridades está que los internos tenían garantizada su permanencia en el trabajo, que se les pagaba nómina y la cobertura de medicamentos, además de que los involucrados habían realizado su actividad sin la precaución necesaria, y de que por su condición de reclusos estaba limitado el goce de sus derechos laborales.