El 60% de la población penitenciaria, cerca de 22 mil personas, son jóvenes de entre 18 y 29 años. A ese número se llegó durante las dos últimas administraciones que lograron duplicar la cifra de muchachos y muchachas detenidos.

Además, aumentaron las quejas por violaciones a derechos humanos contra la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia, ambas del Distrito Federal.

La manutención de cada uno de ellos cuesta a la sociedad más de 40 mil pesos por año, pero 70% fue apresado por robos menores a los 10 mil pesos.

Las últimas cifras indican que hasta marzo pasado, la población interna era de 33 mil 348 personas en reclusión, de las cuales supuestamente laboraba 48%, es decir 16 mil 22 internos, según datos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal.

Dicha información revela que sólo mil 211 trabajan en talleres donde se les certifica la mano de obra a través de capacitación.

El resto se divide de la siguiente manera: 6 mil 414 trabaja en servicios generales (a favor del propio sistema) y 7 mil 649 son artesanos que reciben instrucción de otros reos; generalmente hacen objetos de madera u otros materiales. Su producción es vendida, la mayor parte, por sus familiares, quienes también deben ayudarlos a hacerse del material necesario. De esos más de 33 mil reos, unos mil no participan en ninguna actividad.

La mayoría no hace nada

La relación de la justicia con los menores lleva casi ocho años deteriorándose, según las estadísticas oficiales y el Informe Especial del caso New´s Divine, realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Acusados de cometer algún ilícito, los jóvenes detenidos ingresan a cárceles con una sobrepoblación del más de 60%, donde la vida es muy difícil y no hay oportunidades de una readaptación debido a la falta de sicólogos, criminólogos y trabajadores sociales.

Desde la inauguración de los reclusorios capitalinos, hace más de 30 años, los recursos humanos son los mismos con excepción de los custodios. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y sus policías, generaron el año pasado 20% de las quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos local, en cuanto a la Procuraduría capitalina suman más de 30%.