Durante las dos últimas administraciones, la agencia 50 del Ministerio Público ha sido calificada como una de las más problemáticas para la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); sin embargo, en ella se lleva el caso de las indagatorias sobre lo acontecido en la discoteca New’s Divine.

Considerada como “la joya de la corona” por el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, en cuanto a la tragedia del pasado 20 de junio, lo que se espera es un cambio estructural en dicho Ministerio Público.

La labor de su personal la hizo estar dentro de la lista de agencias con más quejas que realizó el organismo de derechos humanos.

Falta de atención, rigor e insensibilidad hacia las víctimas son características de esta llamada Agencia Central de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Durante la integración de la investigación previa de la muerte de 12 personas en el New’s Divine, los agentes ministeriales permitieron que el personal de la PGJDF involucrado en la tragedia, declarara y se retirara, pero a los policías preventivos los retuvo hasta por 36 horas.

Las quejas que tiene la comisión por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), refieren que a cuatro de ellos se les esposó a su silla mientras declaraban.

Por ese motivo, la CDHDF lamentó durante su informe especial sobre el caso New’s Divine que las indagatorias se realizaran en ese Ministerio Público y no en la Fiscalía de Homicidios o de Servidores Públicos.

Recomendaciones previas

Por otra parte, desde que Marcelo Ebrard era secretario de la SSP-DF, la comisión pidió modificar los operativos policiacos en discotecas, bares y centros nocturnos donde confluyen jóvenes.

Antes de la del caso New’s Divine, la comisión emitió 11 recomendaciones relacionadas con operativos, todas dirigidas a la SSP y cuatro de ellas también a la Procuraduría.

Las solicitudes realizadas del año 2000 a la fecha referían instruir a los preventivos a que se condujeran con apego a la ley, que las intervenciones estuvieran perfectamente fundadas y se respetaran los derechos humanos. Y aunque las recomendaciones eran aceptadas, en la práctica seguían repitiéndose los mismos hechos que derivaron en la muerte de 12 personas, entre ellos tres policías.

En la primer recomendación del 2003, relacionada con un desalojo en Xochimilco, se indicó a la SSP-DF la necesidad detener un manual de operación policiaca durante operativos.

Un año después, en la recomendación 6/2004 se acumularon 79 quejas sobre el actuar del agrupamiento de la SSP-DF denominado Grupo de Operativos Especiales y Fuerzas Especiales. Para evitar abusos, la CDHDF pidió participar como observadora en los dispositivos policiacos, pero la secretaría ni siquiera contestó.