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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló prácticamente en su totalidad las reformas electorales que se realizaron, de manera fast track, al Estatuto de Gobierno del DF durante las tomas de las tribunas en abril pasado.

Los ministros de la Corte sólo anularon la parte que obligaba a remover de su cargo a tres de los actuales consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), para establecer un sistema de relevos escalonados en dicho organismo.

La SCJN determinó que dicha regla, establecida en el artículo segundo transitorio del Estatuto, sólo puede aplicarse a los futuros consejeros y no a los actuales, quienes deben terminar el periodo de siete años para el que fueron elegidos. La aplicación retroactiva de dicha medida, concluyeron, es inconstitucional.

A esa misma conclusión llegó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual frenó el proceso para sustituir al presidente del instituto, Isidro Cisneros, y a otros dos consejeros.

Sin embargo, a diferencia del tribunal, la Corte, por sus facultades, sí pudo anular este apartado de la reforma y ordenarle a la Asamblea Legislativa hacer los cambios necesarios.

Gustavo Anzaldo, consejero electoral, consideró que la resolución de la Corte les da a él y a sus compañeros tranquilidad, ya que confirma el fallo del TEPJF.

Incluso recordó que la Comisión de Asuntos Electorales de la ALDF, que preside Jorge Triana, les pidió a cada uno de los consejeros un informe de desempeño. Sobre este tema, Agustín Guerrero y Balfre Vargas, diputados del PRD en la Asamblea Legislativa, consideraron que esta resolución significa un fracaso para los legisladores del PAN y del PRD —de Nueva Izquierda—, pues en su afán por tener el control del IEDF para favorecerse en 2009, cometieron graves errores legales y pusieron a la ALDF en una crisis severa.

Guerrero dijo que sólo estarán en espera de que la Corte resuelva un recurso de Inconstitucionalidad que interpuso su grupo —de Izquierda Unida— para llegar al fondo de este caso.

“Para nosotros la discusión de las reformas electorales es un caso cerrado, a pesar de las rabietas del legislador Jorge Triana, que amenazó con presentar una queja ante la Corte o una solicitud de remoción del jefe de Gobierno por la no publicación de las reformas electorales que aprobaron en mayo pasado”, consideró.