Frente a un clamor permanente en esta ciudad, y en todo el país, que exige, solicita y demanda un mínimo de seguridad y justicia, el poder público se ha quedado pasmado y no atina a resolver este requerimiento angustioso de una población que vive no solamente el impacto escandaloso de los degüellos, ajusticiamientos y cobros de cuentas entre delincuentes, sino que también experimenta de manera cotidiana toda la gama de delitos con los que esta criminalidad rampante castiga a la población.

Desde el robo de celulares, pasando por las extorsiones, secuestros exprés y asaltos de toda índole; llevándolos a la convicción de que cualquier denuncia ante el Ministerio Público o cualquier petición ciudadana van a caer en el abismo de los intereses de quienes se ostentan, al mismo tiempo, como autoridad y como encubridores, para después cínicamente alegar que atienden “denuncias ciudadanas”, cuando su único interés es la lucha por el botín político o el delictivo.

Frente a esta tragedia social, quienes nos gobiernan no han tenido más respuesta que la organización de espectáculos grotescos, con objeto de impactar a la opinión pública, generando dos mundos, el de la abrumadora realidad de los delitos y el de las telenovelas escandalosas que describen y se solazan en una violencia que nunca habíamos visto en este país.

Todo esto nos evidencia la incapacidad estructural de un sistema que no quiere o no puede entender que el mundo del doble lenguaje ha sido rebasado por una realidad en la cual los policías, lo mismo en la ciudad de México que en León o en la frontera, sólo pueden responder a la crisis de seguridad con más violencia, violación de derechos humanos, y eventualmente algún éxito esporádico, que en nada cambia la dinámica de un país en el cual quienes nos han gobernado no quisieron ver una realidad cambiante que nos convirtió de ser un territorio de producción y tránsito de droga a un inmenso mercado de consumo en el que los jóvenes no solamente son víctimas de los lenones que los inducen a la drogadicción, sino que también tienen que ser los rehenes de quienes morbosamente los convierten en delincuentes para exhibirlos como culpables de su propio daño.

Como resultado de esta crisis estructural y esta trágica incomprensión de nuestra realidad, hoy estamos observando el costo mortal de una equivocación y de una actitud que en su doble lenguaje sólo encontró la némesis que estaba implícita en cada uno de sus actos.

A todos los mexicanos nos lastima profundamente la muerte de 12 personas, y de muchos miles más y también nos hiere la insensibilidad de quienes han permitido, desde el poder legislativo, y en muchos niveles de la burocracia, la proliferación de una gran cantidad de centros de vicio, en donde se está destruyendo a la juventud y al mismo tiempo se enriquecen burócratas y policías corruptos, para después convertir todo ello en una tragedia lacerante.

Ojalá y que este caso, que nunca debió de ocurrir, lleve a las autoridades a pensar que las funciones de seguridad y justicia van más allá de los intereses del poder, ya que se centran en los derechos más elementales de cada uno de los mexicanos.