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Confían en ‘ombudsman’
Reitera Félix Cárdenas acusación a Guillermo Zayas

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Fernando Martínez y Ella Grajeda
El Universal
Martes 08 de julio de 2008
fernando.martinez@eluniversal.com.mxella.grajeda@eluniversal.com.mx

El informe que la Procuraduría local presentó sobre la tragedia del New’s Divine, resultó ser un recuento de lo que ya se había mencionado; ahora, la atención se centra en lo que el ombudsman capitalino Emilio Álvarez Icaza exponga este martes, en el reporte que elaboraron más de 230 personas de la CDHDF.

Ayer, el procurador Rodolfo Félix Cárdenas entregó a Marcelo Ebrard su informe , pero éste no dejó satisfechos a todos.

En la Asamblea Legislativa, Jorge Schiaffino, del PRI, consideró que no hay nada nuevo; Kenia López, del PAN, manifestó sentirse desilusionada porque esperaba que la PGJDF diera respuestas puntuales y no una relatoría de los hechos; en tanto, el perredista Ramón Jiménez insistió que fue una presentación ejecutiva, ya que está todavía vigente la investigación.

Respecto a la expropiación del predio que ocupa el establecimiento New’s Divine, Schiaffino consideró que no es oportuna porque se borrarían indicios para la investigación y el panista Jorge Triana dijo que expropiar el predio solo busca enfriar las investigaciones. “Eso no resuelve nada”, insistió.

Conclusiones

Ayer, la Procuraduría capitalina organizó un acto formal en el Museo de la Ciudad de México, para entregar al jefe de Gobierno, su informe sobre los avances en la investigación.

Entre los puntos que el procurador destacó fue la ratificación de la presunta responsabilidad de el ex jefe de la Unipol en GAM, Guillermo Zayas, quien no hizo caso al llamado de Luis Rosales sobre no utilizar autobuses para detener a los adolescentes.

Asimismo, se reiteró la culpabilidad del propietario del antro, y reconoció que hubo violación de derechos humanos por parte de servidores públicos, durante el operativo y el traslado de los jóvenes a cuarteles policiacos.

El procurador aseguró que realizaron 52 consignaciones contra 41 personas —39 servidores públicos y dos civiles— contra quienes se ejercitó acción penal, y de los cuales aún quedan 22 órdenes de aprehensión en espera de ser giradas.

 
 

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