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A un mes de que entre en vigor en la ciudad la ley que despenaliza los accidentes de auto cuando no haya lesionados ni víctimas mortales, autoridades locales tienen listo el procedimiento que permitirá a los involucrados en esos choques resolver en un medio día el problema y obtener el pago por el daño causado para el agraviado.
De entrada, la consejera jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, explicó que ya se cuenta con 110 jóvenes de entre 22 y 28 años, egresados de la carrera de Ingeniería, que integrarán un cuerpo de peritos.
Esos jóvenes, detalló, han cumplido con los exámenes de control de confianza, a través de los cuales se verificó que no son susceptibles a la corrupción.
Los peritos estarán capacitados en materia de vialidad, reglamentos, trámites y costos para poder emitir, de manera gratuita, un dictamen durante las cuatro horas siguientes a que los involucrados en un choque se presenten ante un juzgado civil.
El dictamen establecerá quién fue el culpable del accidente, y planteará un costo a pagar por el daño causado; de ese monto, tanto el agraviado como el inculpado sólo podrán negociar montos máximos y mínimos de 20%.
Si no hay acuerdo, el vehículo del inculpado quedará embargado y se le impondrá una multa que variará de acuerdo con el monto del daño, lo que no lo eximirá de su deuda con el agraviado, por lo que, a decir de Leticia Bonifaz, será mejor que las partes concreten ahí un convenio.
La consejera jurídica también recordó que si el conductor involucrado en un accidente se retira del lugar para no llegar a un acuerdo sobre la reparación del daño, entonces sí se le impondrán de uno a tres años de prisión.
El pasado 13 de marzo se publicaron en la Gaceta Oficial del DF las reformas a los códigos Penal y Civil, así como a la Ley de Cultura Cívica que despenalizan los accidentes de tránsito cuando en éstos únicamente se genere un daño a la propiedad.
Estas reformas entrarán en vigor el 1 de julio y a partir de ese momento los también llamados “choques lamineros” ya no serán materia de un Ministerio Público, por lo que de no haber un arreglo entre las partes involucradas en el lugar donde ocurrió el accidente, los agentes de Tránsito remitirán a las personas ante un juzgado cívico, donde se iniciará un proceso de conciliación con el objetivo de llegar a un acuerdo.
Bonifaz explicó que con el trámite establecido para los juzgados cívicos, no será necesario que los involucrados acudan con un abogado, y aunque tuvieran en ese momento el apoyo de seguro vehicular, éste no será determinante.
Más aún, la consejera jurídica del GDF dijo que se evitará a toda costa que en estos procesos intervengan gestores, pues ello propiciaría el coyotaje en torno a los juzgados cívicos.
De hecho, advirtió que se podrían generar arrestos con base en la Ley de Cultura Cívica a quienes presten servicios de gestoría.
