df@eluniversal.com.mxLa Procuraduría capitalina rastrea a Joaquín Martínez Palma, alias El Willy, presunto gestor que ha realizado trámites con documentos falsos en el Registro Público de la Propiedad y Comercio (RPPC), con base en denuncias ciudadanas presentadas por internet en el portal del gobierno del Distrito Federal.
En entrevista, la consejera jurídica del GDF, Leticia Bonifaz, dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones, Martínez Palma forma parte de una banda ajena a la encabezada por José Guadalupe Ruiz El Perro, que fue desmantelada casi en su totalidad el 7 y 8 de abril.
“Luego de darse a conocer este caso, hubo un chat en el que algunas personas señalaron a Martínez Palma de haberse comprometido a hacer algunos trámites, que nunca concluyó, por lo que ya es buscado por las autoridades, principalmente en los alrededores del metro Normal”, señaló.
“De acuerdo con los datos, no forma parte de la banda de El Perro, ya que mientras nosotros buscábamos a El Wally, miembro de la banda de El Perro, nos encontramos que hay un Willy, dedicado también a la defraudación fiscal”, dijo la funcionaria.
Hasta el momento, las autoridades tienen los datos que Martínez Palma proporcionó para sacar su licencia de conducir, donde está asentado que tiene 45 años de edad y vive en la colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc. Tiene cara redonda, ojos oscuros, separados, boca ancha y complexión robusta.
EL UNIVERSAL publicó que la banda de El Perro fue detenida tras haberse detectado que promovía diversos trámites con sellos apócrifos de Banorte, institución que ya se deslindó del asunto, donde solamente en marzo realizaron más de 400 operaciones con pagos a mitad de precio.
Confirmó que el 25 de abril fue detenido Rogelio Damián Vargas, empleado del RPPC. Las autoridades lo acusan de llevar entre sus pertenencias documentos oficiales con sellos apócrifos.
La publicación que hizo EL UNIVERSAL coincidió con la renuncia de Ernesto Prieto como director general del RPPC. La consejera jurídica informó que su lugar será asignado a la abogada Claudia Ramírez Gómez, quien se desempeñó como funcionaria de Sociedad Hipotecaria Federal, donde en 2004 comenzó la modernización registral, y en materia de financiamiento gestionó créditos con el Banco Mundial y el entonces Consejo Nacional de Fomento a la Vivienda.
