alejandro.cuenca@eluniversal.com.mxDe aprobarse el juicio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovió para no pagar impuestos, el Distrito Federal dejaría de recibir hasta 600 millones de pesos anuales tan sólo en cobro de agua, estimó Francisco Núñez Escudero, director de Servicios a Usuarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM).
La gravedad de ese juicio, dijo el funcionario, no es sólo que el máximo tribunal dejaría de pagar por el suministro, sino que ese beneficio se extendería a todo el Poder Judicial federal, así como a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, con lo cual sí se afectaría a las finanzas locales.
EL UNIVERSAL dio a conocer que la SCJN promovió un juicio para no pagar impuesto sobre nómina y el agua, bajo el argumento de que la Constitución no permite que se cobren obligaciones fiscales a instituciones que forman parte de la Federación.
El director de Servicios a Usuarios del SACM lamentó que con ese juicio el máximo tribunal del país viole principios de derecho internacional. Recordó que la Convención de Viena establece como un beneficio hacia las embajadas extranjeras la condonación en el pago de todos los impuestos, menos del agua, por su importancia en la sustentabilidad mundial.
Además, explicó que esta medida iría en contra de políticas que promueven el uso racional del agua y que en el DF se ha traducido en el cobro por el suministro del vital líquido a los grandes deudores, entre ellos 80 dependencias del gobierno federal.
Francisco Núñez Escudero destacó que actualmente se ha reducido el monto de esa deuda, pues la mitad de dicho débito ya prescribió y no se puede exigir su pago, pero también por la actitud de las propias dependencias deudoras, que comenzaron a pagar, incluso una muy renuente, la Comisión Nacional del Agua.
Sólo Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la SEP y el Ejército Mexicano se han mantenido renuentes a pagar y hasta, paradójicamente, el Poder Judicial Federal ha cubierto sus adeudos.
Sobre otros impuestos que dejaría de pagar la Corte, como el de Nómina, se pidió información de la Secretaría de Finanzas del DF, pero no la proporcionó.
No obstante, en el interior del propio gobierno de la ciudad se dio a conocer que la pretensión de los ministros de no pagar impuestos viene de tiempo atrás.
En enero de 2007, a unos días de haber asumido el cargo como presidente del máximo tribunal, Guillermo Ortiz Mayagoitia pidió una consulta a las secretarías de Finanzas de las 32 entidades del país, sobre la conveniencia de que la SCJN pagara el impuestos sobre nómina.
Otro antecedente data de 2005, cuando el Consejo de la Judicatura Federal apeló una resolución del Tribunal de lo Contencioso de Nuevo León, que obligó al Consejo a pagar por su consumo de agua.
